Más de 5 mil 300 millones de personas en más de 100 países tienen hoy, al menos en los papeles, derecho a solicitar a las autoridades información pública sobre diversos aspectos de gobierno. Sin embargo, más de la mitad de los países que cuentan con estas leyes no las hacen cumplir, según determinó la Associated Press en el primer estudio mundial del funcionamiento de esta legislación.
La esposa de Satbir Sharma fue asesinada y su familia vive con miedo. Al padre de Sharma le partieron la pierna izquierda y usará muletas de por vida. El único consuelo para Sharma es una ley nueva que le concede el derecho a saber qué sucederá con el alcalde local acusado del homicidio.
El esposo de la víctima habla sin sobresaltarse, en voz baja, porque sus dos hijos creen que su madre está enferma en el hospital y regresará a casa.
Ante imágenes de dioses hindúes en una pared hay una pila ordenada de documentos oficiales a los que Sharma toca varias veces en la parte superior. «Cuando menos, tenemos la verdad», dice con tristeza.
En una sola semana en enero, reporteros de la AP, con la supervisión de expertos, solicitaron a autoridades de la Unión Europea y de otros 105 países donde hay leyes o normas constitucionales que otorgan el derecho a obtener información pública que se les respondieran preguntas sobre arrestos y sentencias relacionadas con el terrorismo.
La AP también entrevistó a más de 100 expertos a nivel mundial y revisó cientos de estudios.
A continuación algunas conclusiones de la agencia:
– Sólo 14 países respondieron a cabalidad en el plazo fijado. Otras 38 naciones contestaron con demoras la mayoría de las preguntas.
– Las nuevas democracias fueron en general más atentas a los trámites que algunas democracias desarrolladas.
Guatemala envió todos los documentos en 10 días y Turquía, en siete. Como contrapartida, Canadá pidió una extensión de 200 días y el FBI en Estados Unidos respondió seis meses más tarde en una sola hoja en la que aparecían cuatro fechas, dos palabras y una enorme sección en blanco.
– Más de la mitad de los países no facilitaron información alguna y tres de cada 10 ni siquiera reconocieron la solicitud.
Decenas de países aprobaron las leyes al menos en parte debido a incentivos financieros y por ende son más proclives quizá a ignorarlas o limitarlas.
China cambió sus leyes a su ingreso, en 2001, en la Organización Mundial de Comercio y después las amplió para que abarcasen otros temas, además del comercio. Pakistán aprobó en 2002 las suyas a cambio de 1 mil 400 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Ni China ni Pakistán respondieron a la consulta de la AP.
«Tener una ley que no es obedecida es casi peor que no tener ley alguna», dijo Daniel Metcalf, quien fue durante 25 años la principal autoridad de la Libertad de Información en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
«Toda la credibilidad de un gobierno está en juego», dijo Metcalf, en la actualidad profesor de leyes en la Universidad Americana.
En México, la AP presentó su solicitud a través de una página de internet y recibió toda la información pedida en dos meses. Pero en Estados Unidos debió enviar solicitudes por correo a seis organismos de los departamentos de Justicia y Seguridad Interior. Luego de 10 meses y 18 llamadas telefónicas, recibió 40 cartas del gobierno. Solo tres respondían algunas de las preguntas y algunos documentos tenían tachados los nombres.
La Ley de Libertad de Información de México, aprobada en el 2003, estipula que los organismos públicos deben responder a todas las preguntas que se les hacen. En una sola semana llegaron 3 mil 012 preguntas y se enviaron 2 mil 460 respuestas.
Una ley aprobada en 1966 en Estados Unidos creó departamentos encargados de velar por la libertad de información en cada organismo estatal, pero las respuestas rara vez llegan dentro del plazo de 20 días que fija la ley. La AP todavía está esperando respuesta a una pregunta que se hizo hace 10 años al Departamento de Estado, relacionada con una organización terrorista griega que ya no existe.
En el 2010, los organismos estadounidenses respondieron al 55% de las preguntas recibidas, comparado con el 85% en México. Una razón de ello es que la Ley estadounidense es más vieja y compleja.
«Fue concebida en una era en la que todos los archivos estaban impresos», expresó Melanie Ann Pustay, figura del Departamento de Justicia que es la funcionaria de más alto rango abocada a la Ley de Libertad de Información. «México tiene la ventaja de que sancionó su ley cuando ya estaba la internet».
En México, la ley le está dando voz a gente ordinaria.
Cuando aparecieron los tractores en La Perota, cerca de Acapulco, en el 2003, unos ingenieros le dijeron al líder comunitario Marco Antonio Suastegui que construirían una represa. Suastegui no sabía lo que era una represa.
El gobierno mexicano quería inundar tres docenas de pueblos, incluido el de Suastegui, y construir un dique de 1,000 millones de dólares para generar electricidad. Pero los opositores al proyecto, en base a datos obtenidos haciendo uso del derecho a la información, demandaron al gobierno por no haber buscado el permiso de los residentes que son dueños de las tierras comunales.
En el 2007 un juez suspendió la construcción.
India constituye el mejor ejemplo en el mundo en cuanto a las bondades y los riesgos de las leyes que conceden a los ciudadanos el derecho a solicitar información oficial.
India fue uno de apenas los 14 países que respondieron cabalmente a lo que pidió la AP –antes de un mes– y facilitó mayor información a la solicitada: un desglose de estado por estado.
India aprobó sus leyes respectivas en 2005, y en 2010 recibió más de un millón de peticiones. Sin embargo, decenas de personas han sido víctimas de agresión y al menos 12 asesinadas por hacer efectivo su derecho a acceder a información oficial.
La familia Sharma vive en Chandrawal, una tranquila aldea agropecuaria. Los lugareños afirman que el alcalde Dharamvik Malik desvió el agua potable que les correspondía hacia campos que posee y adultera con queroseno barato el combustible que se vende en las gasolineras de las que es dueño.
Numerosos habitantes de Chandrawal consideran al alcalde un hombre corrupto.
Los Sharma presentaron una denuncia ante la Policía y dijeron que el alcalde robaba dinero después de que utilizaran como prueba documentos que consiguieron mediante la Ley sobre la Información Pública de India.
El alcalde, furioso, acusó a los Sharma de haberle robado a punta de pistola el equivalente a 10 mil dólares.
El 10 de febrero, el alcalde y varios individuos que lo acompañaban llegaron en un vehículo hasta la casa de los Sharma, dice la familia. Los funcionarios que iba con el alcalde estaban ebrios y comenzaron a gritar: «Â¡Salgan. Les traemos sus pensiones!»
La esposa de Sharma, Sonu, y el padre del mismo, Jagdish, pidieron a los llegados que se retiraran, según la familia.
Los individuos tomaron por la fuerza a Sonu, la golpearon con una barra de hierro en la cabeza y la atropellaron con la camioneta en la que habían llegado, dijo Jagdish. También pasaron encima de la pierna izquierda de Jagdish.
Malik se encuentra en prisión y la Policía no permitió entrevistarlo. La familia persiste en el caso mediante peticiones de información oficial. De esta manera, los afectados se enteraron de que la Policía pretendía fincarles cargos menores que el mismo tribunal desechó después.
Jagdish vive con vigilancia policial de 24 horas. Mientras parece que no piensa en nada se frota la pierna izquierda que le duele y en la que le colocaron un refuerzo de tres barras.
Sin embargo, un hijo suyo afirma que sin la Ley de Información Pública, la familia habría tenido poca esperanza de que se hiciera justicia.
«Es bueno conseguir información para que podamos luchar por nuestros derechos», dijo Satbir Sharma. «Lo que nos ocurrió fue como si nos hubiera caído una maldición, en lo personal, pero esa ley es positiva para el individuo ordinario», apuntó.
Daniel Metcalf,
Profesor de leyes en la Universidad Americana