Miles de guatemaltecos son deportados de los Estados Unidos cada año, pero la situación en sus pueblos y ciudades no dista mucho de cuando la dejaron por primera vez, por lo que se estima que cerca del 95 por ciento intentará regresar tras el «sueño americano», sin importar que los riesgos a los que se enfrentarán en su nuevo recorrido por el Norte puedan arrebatarles la vida.
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Martes por la tarde. El reloj marca las 13 horas con 30 minutos. El viento sopla fuerte, a la vez que los rayos del sol penetran los cristales en el edificio de la Fuerza Aérea Guatemalteca. El personal de la Dirección General de Migración y la Procuraduría de Derechos Humanos espera uno más de los 270 vuelos que se han realizado en este año, provenientes de los EE. UU., cada uno con alrededor de 120 guatemaltecos deportados que vivieron de forma ilegal en ese país.
Minutos más tarde aterriza el avión y uno a uno descienden los repatriados. Con pantalones cortos, tenis grandes y cabezas rapadas -la mayoría de jóvenes-, y personas mayores -con chaquetas abrigadoras-, reciben con alegría el enérgico saludo del personal que les espera en una sala.
La mayoría se anima al volver a su patria y encontrar una plática motivacional, refacción, un teléfono gratuito y un registro en el sistema nacional de empleos. Pero al abandonar el recinto, la situación se torna distinta. Con poco dinero en los bolsillos, sin maletas y en una ciudad poco conocida, la frustración aparece de nuevo. Es ahí cuando la mayoría piensa que volverá a probar suerte migrando a EE. UU., según información del Consejo Nacional al Migrante de Guatemala (Conamigua).
Este escenario se vive por lo menos cinco veces a la semana. «Aquí los tratamos bien, les damos todos los servicios necesarios, un teléfono con llamadas gratuitas para que avisen a sus familiares, el servicio bancario para que cambien los dólares que traen, refrigerio y personal de los derechos humanos para verificar el estado en el que vienen», menciona una de las trabajadoras de la PDH.
La asistencia inmediata que se les brinda a los recién llegados es vital para que no se sientan desprotegidos en su país de origen, pero aun así, al cruzar la puerta de salida de la Fuerza Aérea se ven expuestos a los mismos problemas que los hicieron migrar en el pasado.
DE REGRESO Y
LAS MISMAS CIRCUNSTANCIAS
La migración internacional forma parte de las estrategias de movilidad de la población guatemalteca desde hace más de 60 años y ha estado determinada por factores individuales que buscan mejores oportunidades, desastres naturales (terremotos, tormentas, huracanes), crisis políticas (conflicto armado), pero fundamentalmente por factores económicos. «Las personas que migran es por el desajuste socioeconómico y político que históricamente se ha vivido en Guatemala, cuando son repatriados se encuentran con la misma situación de cuando han salido del país», menciona Mauro Verzeletti, director de la Pastoral de Movilidad Humana, de la Conferencia Episcopal de Guatemala.
La tasa del desempleo se ha triplicado en los últimos cinco años, al pasar de 1.84 por ciento al 5.49 por ciento este año, según datos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Las estimaciones de esa cartera son que el número de desempleados aumentó a 234 mil 614 personas en edad de trabajar, superando los 215 mil 605 trabajadores en paro reportados en 2007.
El Informe Nacional de Desarrollo Humano -IDH- que presentó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, reveló que la población ocupada dependiente con salario inferior al mínimo oficial -Q56- para el año 2000 era del 26.3 por ciento, aumentando a un 50.1 por ciento para el 2005.
En cuanto a la población ocupada dependiente con salario inferior al de una canasta vital era del 87 por ciento en el año 2000, para el año 2005 la cifra subió al 89.1 por ciento.
Los datos anteriores dan cuenta que en lugar de mejorarse la situación económica en el país, ésta cada vez empeora. «El Gobierno guatemalteco y la iniciativa privada tienen una gran irresponsabilidad sobre el país al no hacer cambios estructurales para mejorar la situación del migrante cuando regresa».
Verzeletti menciona que por esta misma situación, hay personas que han cruzado la frontera de forma ilegal hasta cinco veces, no importándoles endeudar a sus familias para pagarle al «coyote» y obviando el creciente nivel de inseguridad que se vive en las fronteras.
La Defensoría de la Población Desarraigada y Migrante de la Procuraduría de los Derechos Humanos estima que el 64 por ciento de los deportados no tienen trabajo y que el 98 por ciento de ellos adquirió deudas para emigrar, cuyos montos oscilan entre Q35 mil y Q50 mil, sólo 12% de ellos logra pagar por completo la deuda.
Según el IDH, Melchor de Mencos, Petén, es el municipio que presenta la tasa promedio de homicidios más alta en el país, con un estimado de 14.16. Aún así, son más de 50 mil guatemaltecos los que cruzan la frontera cada año, por los distintos puntos ciegos.
«Muchos de esos ilegales son detenidos en el desierto, los pocos que logran llegar a su destino resultan deportados por haber cometido delitos menores, como manejar ebrios», menciona Andrea Furlán, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Furlán indica que desde el año pasado se instituyó el Programa de Asesoría Legal Gratuita, en donde les ofrecen a los connacionales que residen en Estados Unidos, asistencia para cualquier trámite que deseen hacer.
NO BASTA
«Brindamos todo el apoyo humanitario a través de las casas de los migrantes que hay en todo el país; les damos alimentación y asistencia jurídica, pero el desarrollo de la población no depende de la Iglesia, eso es deber del Estado», asegura Verzeletti al lamentar la falta de políticas públicas que ayuden a la población a mantenerse en su país.
La Casa del Migrante de los Escalabrini -una orden religiosa-, que funciona en Guatemala desde hace 12 años, ofrece a personas que son originarias del interior del país refugio y alimentación mientras se logran comunicar con sus familiares y conseguir dinero para irse a sus hogares.
«Migración da una ayuda ordenada, pero después de eso los migrantes no tienen a dónde ir. Existe un vacío de posibilidades laborales, después de un mes de estar acá deciden regresarse a los EE. UU., a pesar del riesgo», afirma el padre Francisco Pellizari, director de una de las Casas del Migrante.
Son múltiples los estudios y publicaciones que ponen de manifiesto los abusos a los que son sometidos miles de migrantes, tanto en el país de destino como en los países de tránsito.
En el contexto latinoamericano, México es el referente inmediato en el que se denotan la mayor cantidad y variedad de abusos contra los migrantes. Ellos son sometidos a extorsiones, malos tratos, abusos sexuales cometidos por bandas de criminales, en un contexto en que se tiende a la criminalización del fenómeno migratorio, con marcadas tendencias de discriminación, racismo, xenofobia y otras formas de intolerancia, afectando entre otros grupos la situación de mujeres, niños y niñas que migran.
La situación para estas personas aún es de desesperación y abandono y los impactos económicos en los municipios son evidentes, pues no se han implementado programas de reintegración económica y social. En un contexto así, la pobreza familiar se incrementa y la economía comunitaria se debilita.
Desde su conformación, la Comisión del Migrante ha trabajado en el reforzamiento de distintas políticas, entre ellas el TPS (Estatus de Protección Temporal, por sus siglas en inglés) que es un beneficio migratorio que concede Washington a residentes de naciones perjudicadas por desastres naturales o conflictos armados, para que puedan laborar y vivir en el país
Pero tras el paso de la tormenta Mitch en 1998, el Gobierno guatemalteco rechazó este acuerdo argumentado que no era necesario para la Nación en ese momento, un error histórico que deberá pagar Guatemala.
Una vez más, Verzeletti y Pellizari concuerdan con que el trabajo que está haciendo el Gobierno guatemalteco en el tema migratorio no es más que superficial.
Fernando Castro, vocero de Conamigua, menciona que a pesar que distintas instituciones trabajan en conjunto para recibir a los migrantes, «la realidad está en que podríamos decir que el 95 por ciento de los deportados se regresan; de $100 que pueden ganar semanalmente como mínimo en EE. UU., ninguno se conforma con el salario mínimo que consiguen acá y al final es el dinero lo que mueve a la gente», finaliza.
Actualmente la Dirección General de Migración ha reportado la deportación vía aérea de un total de 25 mil 154 guatemaltecos desde los Estados Unidos durante los primeros diez meses del presente año.
Durante las deportaciones efectuadas vía aérea, de enero al 8 de noviembre del presente año, han sido retornados 22 mil 431 hombres y 2 mil 271 mujeres. A la vez han sido deportados 410 menores de edad hombres y 42 mujeres,
Los meses de julio, agosto y septiembre son los que reportaron mayor número de deportaciones a Guatemala. El año pasado fueron repatriados 27 mil 222 guatemaltecos vía aérea.
Pedro, de Quetzaltenango, tenía 11 años viviendo en Columbus, Ohio. Trabajaba en construcción. «Estoy emocionado por ver a mis hijas, pero me regresaré; si mis compatriotas tienen deseos de irse, que se vayan. Sólo queda pedirle a Dios llegar bien».
Luis, de San Marcos Concepción, Jutiapa, había vivido 7 años en Cincinnati, Ohio. «Trabajaba en una empacadora de verduras; me arrestaron cuando iba manejando a alta velocidad. A mi familia le hace falta el dinero que les mandaba cada mes, por eso veré como me regreso».
Pablo, de 21 años, vivió dos años en Nueva Jersey. Es originario de Livingston, Izabal, y el quinto de doce hermanos. «Me fui para ayudar a mi mamá que se enfermó, no tenía ningún tipo de problemas con la ley, pero el muchacho con el que compartía cuarto sí tenía orden de deportación y cuando llegaron los de la migra me agarraron a mi también».
José, de 22 años, vivió 3 años en Nueva Jersey. «Me agarraron cuando iba manejando ebrio. Estoy feliz porque voy a ver a mi nene, pero me voy a regresar porque me gusta la vida allá».
Juan, de Ciudad de Guatemala, vivió 20 años en Luisiana, Arizona. Su esposa es estadounidense y tiene 3 hijos con ella. Cuenta que le rentó una casa a un joven que vendía droga. Detuvieron al propietario del inmueble y lo implicaron por ser el dueño de la casa. «Las leyes de migración están cada vez más rigurosas, mis dos padres se murieron y yo estaba allá, prefiero estar con mis hermanos que llevo más de quince años de no verlos, por lo que no quiero regresar».