Miles de familias guatemaltecas se ven separadas a causa de la deportación de uno de sus miembros, y aunque el Gobierno estadounidense busca “humanizar” las deportaciones, no hay nada que hasta ahora acabe el drama de los indocumentados.
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“Me comentó que le daba miedo salir a trabajar porque a veces miraba a la migra. Me dijo que tal vez estaban buscando a otras personas, pero que igual salía con temor. Decía que tenía cuidado porque había visto que aunque no los anduvieran buscando, se llevaban a la gente al descubrir que eran indocumentados”.
Han pasado escasos tres meses desde que Joel Gómez, un guatemalteco de 24 años de edad y padre de una niña de 3 años, partió, de nuevo, desde Guatemala hacia Estados Unidos (EE. UU.) en calidad de indocumentado, luego de ser deportado del país norteamericano, al cual ingresó por primera vez en 2011.
En consecuencia, pasaron ya 90 días de preocupación y angustia para Ana Mariela Ortiz, por no volver a ver a su esposo desde que fuera deportado, pues era el principal sostén económico de la familia en EE. UU.
Desde entonces, la situación no ha sido fácil para la conviviente de Joel, quien actualmente vive en Arizona, donde se emplea en labores domésticas, ganando lo necesario para subsistir con la hija de ambos, Suani Yuvitsa.
En el otro extremo, los padres de Joel viven en la aldea Sanguayaba, del municipio de Palencia, en Guatemala, quienes lo vieron por última vez con la resignación de saber que debía regresar a EE. UU. para estar con su esposa e hija. Sin embargo, según Mariela, hace poco perdió contacto con él mientras recorría México con la ayuda de un coyote.
“Él me llamaba todos los días y platicábamos. Traía un celular y en escondidas del coyote me mensajeaba para decirme donde estaban. Pero desde la semana pasada que no manda mensajes o llama, y no puedo ni dormir con la pena de que algo le pasó”, expresa Ana Mariela.
Con la voz entrecortada, Mariela cuenta que tras la deportación de Joel a finales de 2013, su hija Suani pregunta todos los días por él, sin que ella pueda dar motivos de su ausencia. Aun así, la principal preocupación de la entrevistada, es volver a ver a su esposo, tomando en cuenta los riesgos que conlleva tratar de ingresar a EE. UU. como “mojado”.
“Los primeros días ella me preguntaba por su papá y yo le decía que él estaba trabajando en Guatemala. Entonces buscaba pretextos para verlo. Le comente eso a él cuándo platicamos por última vez y me dijo que no tuviera pena, que ya estaba cerca”, explica.
LA MIGRACIÓN
Mariela Ortiz relata que en marzo de 2011 decidieron migrar a EE. UU. con la ayuda de un coyote, a quien le pagaron US$ 6 mil.
“Tuvimos una pérdida en la cosecha. Además, él tenía un préstamo en el banco. Nos vimos entre la espada y la pared. Yo sentí feo que no me preguntó (…) sabía que no mucho me iba a gustar que nos fuéramos para allá”, expone.
No obstante, meses después de llegar y asentarse en el estado de Arizona, Mariela resultó embarazada y Joel se hizo cargo de los gastos de alquiler de una casa así como de la alimentación.
“Tuve que dejar de trabajar al dar a luz pero ahora trabajo medio tiempo. La casa la teníamos rentada. Pero ahora vivo en una recámara solamente y rento las otras dos”, dice Mariela.
La situación de la familia Gómez Ortiz no es la única.
Isabel* es oriunda de Retalhuleu y la mayor de cinco hermanos, quienes en su intento de cruzar la frontera para reencontrarse con sus padres en EE. UU., empeñaron las escrituras de la casa en la que vivían, para conseguir los Q40 mil que les cobraría un “coyote”.
No obstante, según relata, fueron descubiertos por una patrulla fronteriza en el desierto y devueltos al país por la vía aérea en marzo pasado.
La joven de 22 años dijo sentirse triste pues no pudieron reencontrarse con sus padres, después de 7 años de que ellos residen en EE.UU. Desde aquel entonces, su abuela materna se hizo cargo de ellos.
“A veces me desespero de estar acá porque no hay trabajo. Como no seguí estudiando, quería irme para allá y trabajar para construir una mi casa y poner un negocio. Pero ya ve que no se pudo, porque nos regresaron”, comenta Isabel.
DOS MILLONES CON OBAMA
A inicios del 2014 se anunció que el Gobierno de EE. UU. deportó a 368 mil 644 personas entre octubre del 2012 y finales de septiembre del año pasado, que representa el año fiscal 2013.
Aunque el ritmo de las deportaciones en el gobierno del presidente Barack Obama bajó en el último año en un 10% según fuentes oficiales, rompió en el presente mes el récord de deportación del anterior presidente George Bush, llegando a los 2 millones de expulsados, desde que comenzó su mandato en enero de 2009.
Recientemente Obama pidió deportaciones más “humanas” tras una avalancha de críticas de parte de grupos y activistas de derechos humanos, por las expulsiones en masa que se vienen registrando durante su gestión. El mandatario ordenó revisar los procedimientos migratorios para conducirlos de forma más humana, aunque esto no representara una disminución en las deportaciones.
Al respecto, el abogado Julio Villaseñor, activista y miembro de S.O.S. Immigration International, enuncia que mientras haya deportaciones, es inhumana la separación de las familias y lo único que se está intentando hacer es justificar la falta de acción del gobierno estadounidense, debido a que Obama prometió apoyar en su momento, la aprobación de una reforma a la ley migratoria.
“Es pura retórica el que quiera humanizar las deportaciones, después de haber deportado a más de dos millones de personas en su mandato. Nunca hubo tantas deportaciones. Él lo hizo para no levantar los ánimos de los republicanos y para demostrar que está cumpliendo con la ley”, declara el experto.
En tanto, el proyecto de reforma migratoria integral, aprobado por el Senado en 2013, permanece estancado en la Cámara de Representantes, donde la mayoría republicana ha impedido hasta ahora cualquier avance en la materia y donde activistas coinciden en que difícilmente será sometida a votación antes de las elecciones legislativas de noviembre de este año.
Según el entrevistado, a raíz de la deportación forzada queda una doble sensación de separación familiar, pues no solo se truncan los sueños de quien aparentemente ya había “hecho su vida” en aquella nació, sino se deja un “tremendo” daño psicológico y económico en las personas que dependen del guatemalteco expulsado.
“Es un drama humano. Las deportaciones están separando a las familias lo cual con el tiempo llega a generar sentimientos negativos en los hijos hacia sus padres porque no se entiende que fueron separados por razones migratorias y comienzan a pensar que no quieren estar con ellos”, recalca Villaseñor.
SIN TPS NI REFORMA
Las severas y restrictivas políticas de migración impulsadas por EE. UU. han tenido sus efectos en el aumento de las deportaciones este año, mientras Guatemala sigue esperando que el Gobierno de EE.UU. otorgue el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), el cual fue solicitado en 2010 luego del paso de la tormenta Agatha y la erupción del volcán de Pacaya, sin que hasta el momento se haya avanzado en el tema.
Incluso de aprobarse la reforma migratoria, el camino a la ciudadanía se dividiría en tres etapas en las cuales los migrantes hubieran tenido sortear una serie de obstáculos, donde todos empezarían la carrera, pero pocos llegarían a la meta.
El primer filtro, según el borrador aprobado por el Senado el año pasado, hubiera sido la fecha de ingreso a EE.UU., puesto que la ley automáticamente dejaría fuera a quienes llegaron a ese país después del 31 de diciembre del 2011.
Luego el migrante podría haber solicitado el Registro de Inmigrante Provisional (RPI, en inglés). Sin embargo, no todos eran “elegibles”, pues se debía comprobar que no salieron del país, pagar una cuota de US$1 mil para el inicio del trámite y no haber cometido ningún delito o tres faltas leves.
Finalmente, tendría que haber esperado hasta seis años para solicitar la residencia legal permanente, demostrando que en ese tiempo trabajó ininterrumpidamente, así como dominar el idioma inglés.
Es por esa razón que organizaciones como la Mesa Nacional para las Migraciones, pensó que más que beneficiar, los cambios a la ley migratoria iban perjudicar, estimando que la mitad del millón y medio de connacionales en aquel país, podría no optar a la legalización, incrementando las deportaciones.
Para Elizabel Enríquez, de Menamig, esto iniciaría un proceso de descomposición social que afectaría directamente la organización familiar, pues las mujeres y los menores de edad que si estuvieran legalizados asumirían nuevos liderazgos y el compromiso de aportar económicamente al hogar, pero dejando de lado la lógica de ser madre o niño, desencadenando otros problemas como la deserción escolar.
“Muchas veces quien se va es el sostén económico de la familia y se busca quien cubra el aporte familiar. Además, cuando una persona se va, queda el endeudamiento de las personas que hacen préstamos y es un compromiso que hay que cumplir”, exterioriza.
SIN RECIBIMIENTO
Si bien los connacionales retornados son recibidos por la Dirección General de Migración con una charla motivacional, que incluye una pequeña refacción y posteriormente un chequeo médico, no se vislumbran soluciones para evitar que los guatemaltecos sin oportunidades se vean forzados a dejar el país.
De acuerdo a una estimación de la Pastoral de la Movilidad Humana, unos catorce guatemaltecos emprenden la travesía hacia EE. UU. cada hora, es decir que 336 connacionales salen del país diariamente sorteando una serie de dificultades para poder ingresar al territorio norteamericano.
El padre Juan Luis Carbajal, de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala, opina que el principal motivo para el desplazamiento es forzado por la ausencia de políticas públicas de reinserción social para las personas que son deportadas al país, aun cuando está integrado el Consejo Nacional para la Atención del Migrante, con fondos públicos para realizar estas tareas.
“Necesitamos que Conamigua sea eficiente y que en realidad se favorezca el desarrollo integral de las personas deportadas, porque están siendo devueltas a la misma condición que los obligó a salir y regresan aún peor, dolidos, con sufrimiento y penas encima, noches de desvelo, extorsiones y sueños rotos”, dice.
De igual forma, la falta de oportunidades de empleo y los bajos salarios producto de la informalidad, se posicionan como las principales causas de las migraciones desde Guatemala, según la Organización Internacional para las Migraciones, aunque en los últimos años se ha sumado la violencia generalizada como otro tópico expulsor.
Asimismo, en lo que va de 2014, más de 14 mil guatemaltecos han sido deportados de EE. UU. por la vía aérea, cifra que supera en un 40% la obtenida en los primeros tres meses del año pasado, de acuerdo al último informe de la DGM.
“Aparte están las consecuencias económicas para las familias porque la cabeza del hogar falta. Ante esto, parece que lo único que queda es pedirle a la gente que no migre, pero ¿cómo podemos pedir eso cuando es la única esperanza que se tiene para salir de la pobreza que no es solventada en Guatemala?”, apunta el padre Carbajal.
Por otro lado, es innegable el aporte de los migrantes a la economía nacional. Prueba de ello son los datos del Banco de Guatemala, que hablan que en 2013 se cerró con el ingreso de US$ 5 mil millones por concepto de divisas en remesas familiares desde EE. UU. (casi el 10% del Producto Interno Bruto), mientras este año hasta el mes de marzo, se registra un aumento del 9%, percibiéndose US$ 778 millones.
Ante esto se comprueba una triste realidad: una de las más importantes fuentes de dinero para el país es el resultado de la “exportación” de personas.
60% INTENTA REGRESAR
Fuentes oficiales refieren que el 60% de los connacionales que son deportados desde EE. UU., intentan nuevamente el viaje que los lleve de regreso a aquel país, sin importar los riesgos que represente, suponiendo que muchos de estos cuentan con una familia y un trabajo estable en esa nación.
Otro factor que incide en que se vuelva a intentar la travesía por parte de los indocumentados, es que cada uno tiene al menos dos oportunidades más de pasar con la ayuda de un coyote, por el pago que hizo la primera vez, es decir, tres intentos por el mismo precio (unos US$ 6 mil aproximadamente).
La Procuradora Adjunta II de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Hilda Morales, en representación de la Defensoría de la Población Desarraigada y Migrante, manifiesta su preocupación ante los peligros y vicisitudes que atraviesan los migrantes para alcanzar el sueño americano, pues los mismos siguen siendo víctimas del crimen organizado, pues en ocasiones son secuestrados para exigir rescates e incluso las mujeres y niñas son explotadas sexualmente.
“Entonces, el traslado de Guatemala al país de destino, es demasiado incierto. Las familias viven en gran zozobra y de hecho reclaman a sus parientes porque ya no tienen noticias de su paradero pues fueron a EE. UU. pero no llegaron y no se comunicaron más”, enuncia Morales.
Para la funcionaria, las deportaciones violentan el derecho de los niños a la familia, pues están siendo separados de sus padres, situación que muchas veces parece definitiva porque cada vez más es difícil que vuelvan a reunirse.
“Hemos sabido que algunos son acogidos por instituciones de los EE. UU. y no es lo ideal… También se mira con mucha preocupación cuando se ven los rostros de quienes bajan del avión, muchos se tapan la cara como si de algún delito se les estuviera persiguiendo, pero la verdad es que se sienten perseguidos por ir a buscar trabajo como si fueran delincuentes”, enfatiza la delegada de la PDH.
Y es que desde que poco antes de las recientes elecciones Obama aprobara una “acción diferida” para frenar temporalmente la deportación de los jóvenes indocumentados que estudian o sirven en las fuerzas armadas, los llamados “dreamers” o “soñadores”, el gobernante no ha vuelto a tener un gesto significativo para este sector de la sociedad.
Se intentó conocer la opinión sobre el tema del canciller guatemalteco, Fernando Carrera, pero no fue posible debido a que no atendió las llamadas telefónicas de La Hora.
Sin embargo, en una de sus últimas apariciones públicas, aseguró sentirse preocupado por la pasividad del gobierno de Guatemala ante el incremento de las deportaciones desde EE. UU., suponiendo además, que en aquel país existe ya una cuota establecida de 30 mil personas indocumentadas que deben ser aprehendidas por día para ser deportadas.
El funcionario declaró que el drama humano continúa debido a la separación de las familias guatemaltecas, pero que “no continuará con el silencio y comenzaremos a manifestar nuestra molestia”.
Ana Mariela