La Central General de Trabajadores (CGTG) realizó un informe que pone al descubierto las deplorables condiciones en las que se encuentran un gran número de trabajadores del sector agrícola. Entre los datos que lo integran se encuentran casos de despidos masivos, el incumplimiento en el pago de prestaciones, entre otros.
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El objetivo del informe fue «recoger información sobre la situación laboral de los trabajadores en las fincas y hacer las consultas respectivas respecto al tema del salario mínimo en el campo».
La investigación de campo, según cita el informe, consistió en una comisión que efectuó un sondeo mediante «contacto directo con los líderes campesinos y los trabajadores de las fincas de la región del suroccidente del país» y tuvo una duración de tres semanas.
El salario mínimo en el sector agrícola es de Q44.58, por día, establecido como pago por unidad de tiempo, sin embargo, los afectados han denunciado recibir pagos de Q8 al día con lo definido como pago por unidad de obra, o sea por productividad.
Entre los trabajos que realizan los trabajadores en aquel sector del país se encuentran los sombreados, chapeos, limpieza de la siembra y cortes de café, entre muchas otras actividades propias del campo.
Posturas encontradas
El Colectivo de Organizaciones Sociales (COS), a través del Observatorio de Derechos Laborales ha determinado que la Inspección General de Trabajo (IGT), recibe la mayor cantidad de denuncias con relación a violaciones a los derechos laborales, sobre todo en el sector agrícola del país. Dicho extremo es negado por el Ministerio de Trabajo.
César Gatica, presidente de la Comisión Paritaria del Salario Mínimo para las Actividades Agrícolas del Ministerio de Trabajo y supervisor de la Sección de visitaduría de la Inspección General de Trabajo, indicó no tener conocimiento sobre el informe propuesto por la CGTG e indicó que los afectados pueden presentar las denuncias para que intervenga y verifique.
í‰dgar Balsells, analista económico, opina que existe una falta muy grande de regulaciones en las inspecciones del Ministerio de Trabajo.
Balsells coincide, además, con el COS respecto a la «importancia» que tiene el referido Ministerio y, sin embargo, «posee las peores políticas y un bajo nivel de trascendencia tanto a nivel urbano y en el sector rural». «Hagan la prueba, nadie sabe ni cómo se llama el Ministro de Trabajo» indicó el analista.
Poca cobertura
Tanto el informe como las posturas de los analistas coinciden con la «pobre cobertura» que el Ministerio de Trabajo tiene, al respecto Gatica señaló que existen comisiones que trabajan a nivel regional, atendiendo las demandas que el sector proletario realiza, las cuales se dividen en ocho regiones y abarcan los departamentos de Cobán, Salamá, Zacapa, Chiquimula, Izabal, El Progreso, Jutiapa, Escuintla, Sacatepéquez, Quiché, Huehuetenango y Petén.
Sin embargo, «en el campo existe una gran oferta de trabajo», asegura Balsells, por lo tanto es peligroso aceptar la antigua forma contractual del salario «a destajo», finalizó.
Orlando Blanco, analista del COS, señaló que las denuncias efectuadas por los trabajadores «son omitidas» por la IGT. «El actual gobierno se enfoca en el beneficio del sector empresarial», asevera Blanco.
Planteamientos
Según el COS, la erradicación del fenómeno de la «explotación laboral» se podría disminuir con el «cumplimiento de lo establecido en el Código de Trabajo y que la IGT contrate a 400 nuevos, inspectores», así como la restitución de la facultad de sancionar a las fincas que incumplan con los derechos laborales.
En tanto la CGTG informó que planea una reunión con las organizaciones campesinas, así como acciones políticas y jurídicas, a nivel internacional como denuncias en la OIT.
Además, las organizaciones sociales plantean que existe un serio problema con relación a la postura del gobierno con apoyar a las empresas de tipo azucarero y cafetalero en el país, por lo que se recomiendan cambios de carácter político con un enfoque laboral que beneficie a la clase trabajadora.