La actitud de dependencia económica, emocional y de diferente naturaleza que manifiestan las mujeres al denunciar a su cónyuge o conviviente por violencia intrafamiliar (VIF) interfiere en los múltiples casos que se ventilan en las entidades de justicia, convirtiéndose en un desgaste de tiempo y recursos para llevarlos a dictamen.
A decir de la agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Olga Ramos, encargada de la Oficina de Atención a la Víctima (OAV), en la mayoría de caos, las víctimas de violencia se abstienen de continuar el proceso legal, debido a la dependencia económica que mantienen en la mayoría de casos con los victimarios.
Esta situación lamentablemente implica un desgaste de toda clase de recursos, dijo Ramos, al informar que en muchos casos el Juzgado de familia dicta medidas de seguridad para las víctimas, pero no proceden, porque a pesar de todo el victimario está de regreso en casa.
Curiosamente en los últimos meses las demandas han disminuido, en relación a los meses anteriores; entre julio y lo que va de agosto se han registrado únicamente 19, mientras que en mayo fueron 30 casos.