La coalición de organizaciones no gubernamentales defensoras de los Derechos Humanos «Foro por la Vida» denunció hoy que en las protestas que sacuden Venezuela se han cometido «graves violaciones», mientras que el Estado no garantiza el debido proceso ante las «detenciones arbitrarias».

El pronunciamiento de los activistas coincidió con una declaración del presidente Nicolás Maduro en defensa de las brigadas de la Guardia Nacional (policía militarizada), que participan en el resguardo del orden, afirmando que su actuación durante las protestas «ha estado apegada a la ley».

«Si no fuera por la Guardia Nacional, no tuviéramos la paz de la que hoy gozamos en más del 90 por ciento del territorio porque se la han jugado por la paz con mucha paciencia, escuchando los insultos de estos grupos violentos», dijo Maduro la noche de ayer en una reunión con gobernadores regionales.

El saldo oficial de las protestas incluye 13 muertos, la mayoría por balazos, más de 150 heridos y un número no determinado de detenidos, que la oposición ubica en más de 200.

«Foro por la vida» alertó de las «graves violaciones de derechos humanos» que han ocurrido en casi dos semanas de manifestaciones contra el gobierno, indicando que la situación «ha derivado de la violencia, desinformación, detenciones arbitrarias y otras graves violaciones.

Señaló que los hechos ocurridos muestran el «deterioro de la institucionalidad pública para efectivamente arbitrar en la diversidad de posiciones políticas que existen en Venezuela».

«Frente a esta situación es muy importante que diversos sectores de la comunidad nacional e internacional reaccionen para cuestionar las violaciones de los derechos humanos, reclamen la acción para una investigación independiente, pidan el cese a la represión y promuevan un diálogo genuino», indicó.

Agregó que de «manera sistemática» funcionarios públicos de alto rango han descalificado estas movilizaciones y demonizado a los sectores que participaron en ellas, incluyendo a los estudiantes universitarios.

Indicó que los «discursos descalificatorios» se realizan frecuentemente en los medios públicos y cadenas de radio y televisión obligatorias, que son ordenadas por la presidencia.

«Para ello se recurre a la sobreexposión de hechos de vandalismo y cierre de calles que han realizado una minoría de los manifestantes, y que han sido rechazados por los convocantes y amplios sectores de la sociedad venezolana», alegó.

El pronunciamiento señaló que desde el 12 de febrero, cuando se iniciaron las protestas, después de que una marcha opositora a la Fiscalía derivara en violencia, se realizaron «numerosas detenciones arbitrarias que han incluido tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los manifestantes».

«La actuación del Estado ante estas detenciones arbitrarias no ofrece garantías de debido proceso. Las autoridades no informan apropiadamente sobre la cantidad de detenidos, sus identidades y edades. Las detenciones excedieron en muchos casos los plazos de tiempo establecidos por ley para ser presentados ante un juez», denunció.

El grupo indicó que la situación ha afectado particularmente la libertad de expresión por la restricción de la libre circulación de información en los medios de prensa venezolanos, lo que conlleva a que muchas personas tengan que procurar información en cadenas internacionales de noticias o en las redes sociales.

«Exhortamos al gobierno nacional a crear condiciones mínimas que permitan una solución democrática del conflicto, que pasa por abstenerse de criminalizar las opiniones disidentes, reconocer a los factores políticos y sociales críticos de la gestión del gobierno, abrir espacios para el diálogo y garantizar el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica», agregó.

La declaración de «Foro por la Vida» está apoyada por las organizaciones Provea y Cofavic, que fueron creadas a raíz de la represión contra los saqueos y disturbios de febrero de 1989 conocidos por el «Caracazo».