Organizaciones defensoras de derechos humanos hicieron la denuncia pública que un grupo de ex militares torturó y detuvo ilegalmente a varias personas de la comunidad de Pocohil, Chichicastenango, el Quiché, hecho cometido de mayo a junio de 2009.
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Los pobladores de Pocohil realizaban las exhumaciones de sus familiares cuando los ex militares llegaron y detuvieron a miembros de la Asociación de Víctimas de la Comunidad y personas que asistían a la exhumación y a sus familiares, sometiéndolos a sufrimientos graves físicos y psicológicos, actos que encuadran dentro del delito de tortura.
Claudia Samayoa, representante de la Convergencia por los Derechos Humanos, expresó: «los sindicados son el Alcalde Auxiliar, el Alcalde Auxiliar II y miembros con cargo del Consejo Comunitario de Desarrollo y Junta Local de Seguridad».
Los tres miembros de la asociación fueron detenidos por 11 horas, y cuando la Policía Nacional intentó rescatarlos, los ex militares no lo permitieron, agregó Samayoa.