El Instituto de Protección Social -IPS- denuncia que niños y niñas oriundos en su mayoría de Huehuetenango y Totonicapán son intercambiados por una cantidad de Q400 a Q600 para el comercio informal.
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Marvin Rabanales García, asesor jurídico y coordinador de proyectos del IPS, revela que en investigaciones de campo realizadas en Jutiapa, encontraron alrededor de cincuenta niños entre ocho y nueve años en adelante que se dedican a la venta informal de distintos productos.
«Esta situación es muy conocida por la ciudadanía», indica Marvin; aun así, desde la institucionalidad no se ha hecho nada por atender dicha situación. Denuncian que ni la Procuraduría General de la Nación, ni el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia o la Delegación del Ministerio de Trabajo, refieren casos aperturados por tales actividades explotadoras.
Los niños y niñas son explotados económicamente y han sido colocados por sus padres u otras personas en el parque central de la cabecera de Jutiapa y en el mercado municipal. Los progenitores de los menores dan a cambio a sus hijos por una cantidad que oscila entre los Q400 y Q600 mensuales.
Según las entrevistas realizadas por el IPS, los niños, niñas y adolescentes involucrados trabajan largas jornadas, sufren las inclemencias del tiempo, no asisten a la escuela, reciben una mala alimentación y en general, están expuestos a cualquier tipo de violación a sus derechos humanos; «no hay ningún tipo de atención cultural, recreativa, sanitaria y educativa, por lo que su desarrollo integral ha sido condenado», afirma Marvin.
El departamento de Jutiapa no es exclusivo de esta situación, también se conoce que en la cabecera del departamento de Quetzaltenango se encuentran niños y niñas originarios de Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos, todos ellos han sido intercambiados por cantidades de dinero. «Los padres mantienen el contacto con sus hijos, pero sólo para cobrar el dinero mensualmente».
Todos estos niños se encuentran en lugares públicos, calles y avenidas pidiendo dinero o vendiendo golosinas. Cuando fueron consultados por los investigadores, trabajadores de la delegación departamental de la Inspección General de Trabajo, apuntaron que en las visitas hechas a centros de trabajo no han encontrado adolescentes laborando.
DELITO DE TRATA
Toda la situación que se describe, corresponde a un delito que es tipificado como «Trata de Personas». En el año 2009, después de intensas campañas de concientización, el Congreso de la República aprobó la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.
En el Decreto 9-2009, se condena a todas aquellas personas que trasladan dentro o fuera de las fronteras a niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual o comercial. «Los padres inmediatamente asumen una responsabilidad penal, el delito de trata». Este delito es condenado con penas que van de los ocho a los dieciocho años de prisión para los implicados.
Se sabe de redes de explotadores o tratantes que llevan niños y niñas a la frontera de México. «Los llevan a Tapachula, los famosos «canguritos» «, indica Marvin al referirse a aquellos menores que cargan cajitas transportando productos ilícitos. En otros casos los llevan más al norte y al Distrito Federal.
Los niños víctimas de esta situación, de las que describe Marvin en el informe publicado por IPS en noviembre del presente año, revela que se encuentran de los ocho años en adelante. «Para este tipo de actividades de explotación, las víctimas tienen que ser muy pequeñas, ya que se mantienen unidos al explotador por cuestiones de temor, de inseguridad y falta de conocimiento de lugar o simplemente siguen las directrices de sus padres»
Menciona que a los adolescentes se les explota de distintas formas, los llevan a las fincas bananeras, las cafetaleras o a las fincas de caña de azúcar, otras veces son explotados sexualmente.
EL GOBIERNO TIENE QUE ACTUAR
Marvin denuncia que la ley de trata de personas es una de las mejores en teoría, «la ley por sí misma no es suficiente si no existe voluntad política para tipificarla ni conciencia social para denunciarla, no existen los recursos para implementar los programas y fortalecer las instituciones,»
De esta forma, pide al Gobierno actuar de forma integral en lo que le corresponde, «si el Gobierno no actúa, nosotros lo haremos». Lo que queda por hacer por parte del Instituto de Protección Social es seguir investigando el tema más a fondo, ya que lo que ellos han documentado es el primer acceso que se tiene al problema. La situación que viven los menores de edad en Jutiapa, Quetzaltenango, y talvez en otros departamentos en donde aún se desconoce la situación, es un problema que hay que tomarlo en el contexto económico del que se encuentran las familias, viéndose obligadas a vender a sus hijos por cierta cantidad de dinero.
Pero también visualiza el deterioro moral, la pérdida de valores y la irresponsabilidad materna y paterna que cada vez es más clara, puntualiza Marvin.