Organizaciones civiles denunciaron hoy que el impactante caso de torturas aparentemente aplicadas por policías a dos jóvenes detenidos en la provincia norteña de Salta es una práctica habitual en toda Argentina.
Cinco policías fueron detenidos en la ciudad salteña de General Güemes después de que ayer circularan en internet imágenes en las que aparecen sometiendo a vejámenes a dos jóvenes arrestados en la comisaría de esa localidad situada a 1.270 kilómetros al noroeste de Buenos Aires. El propio ministro de Seguridad de la provincia de Salta, Eduardo Sylvester, se encargó de denunciar a los agentes.
«Esto es noticia porque alguien colgó el vídeo en internet. Si no hubieran existido esas imágenes esos dos muchachos hubieran sido parte del ejército de torturados en comisarías de los que nadie se preocupa y el caso no tendría repercusión social», dijo María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
En el vídeo se ve a presuntos policías vestidos de civil y de uniforme torturando a dos jóvenes a los que interrogan mientras están semidesnudos, en plena época invernal, en el patio trasero de una comisaría de General Güemes. A uno le colocan una bolsa de plástico en la cabeza mientras que al otro le arrojan agua con un balde.
Las imágenes fueron captadas con un celular, sin que se sepa cuándo ocurrió el hecho ni quién las grabó y subió a internet.
«Esto es absolutamente cotidiano en todas las provincias argentinas», señaló Verdú, para quien este tipo de excesos policiales no son un resabio de la última dictadura militar (1976-1983). «Hoy en el marco de la democracia siguen existiendo. En estos últimos 30 años hubo una adaptación de los distintos métodos y prácticas represivas a las necesidades de cada etapa», agregó.
Según Verdú, en Argentina se produce un asesinato diario por excesos como el «gatillo fácil» –el uso indiscriminado de arma de fuego por parte de la policía– torturas y otras modalidades practicadas por las distintas fuerzas de seguridad del país, incluidas las del servicio penitenciario.
«Desde que regresó la democracia (en 1983), la represión preventiva se cobró casi 3.400 vidas. En su mayoría eran jóvenes, pobres, y morochos (de piel oscura)», señaló la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional en su último estudio sobre prácticas delictivas de las fuerzas de seguridad.
El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel dijo a su vez a Radio Salta que el hecho de que «metan presos a estos policías no libera de culpas al gobierno» provincial.
El activista dijo que las torturas son una práctica enquistada en las fuerzas de seguridad del país y que ello «tiene que ver con la falta de control de las autoridades».
«Da escalofríos que estas cosas aún se produzcan en nuestro país», señaló a la misma radioemisora Estela de Carlotto, presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, que busca a los hijos de desaparecidos secuestrados junto con sus padres o robados a sus madres tras dar a luz en centros clandestinos de detención del régimen de facto.
De Carlotto dijo que las autoridades salteñas «deben preocuparse de que no existan personas que contaminan a la fuerza de seguridad».
El ministro de seguridad salteño señaló a medios de prensa que «el gobierno de la provincia está convencido de que estos hombres no representan a la fuerza policial salteña… se ordenó la detención de las cinco personas porque no estamos dispuestos a tolerar este tipo de cosas».
Sylvester dijo que las pruebas del caso fueron remitidas al juez Pablo Farah para su valoración.