El Ministro de la Defensa es acusado por organizaciones sociales de haber supuestamente incurrido en los delitos de desobediencia, encubrimiento propio y ocultamiento de documentos, al no entregar dos planes contrainsurgentes.
lahora@lahora.com.gt
La denuncia se plantea luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) dejara firme la sentencia de la Sala Primera que ordenó al Ministerio de la Defensa la entrega y publicación de cuatro planes militares donde se involucra a la alta cúpula militar como responsable de actos de genocidio durante el conflicto armado, entre los años 82 y 83.
El Ministerio de la Defensa tuvo un plazo de ocho días para entregar los documentos, el cual se cumplió el 25 de febrero pasado; no obstante, en una reunión entre el titular de la cartera de la Defensa, Abraham Valenzuela y el juez segundo de primera instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, Jorge Mario Valenzuela, sólo se presentaron el Plan Firmeza 82 y Victoria 83, en tanto las operaciones Sofía e Ixil se argumentó su extravío e inexistencia.
En esa fecha el juez Valenzuela ordenó que ambos planes presentados quedaran bajo resguardo del Ministerio de la Defensa.
«La resolución del juez (Jorge Mario) Valenzuela y del general (Abraham) Valenzuela producen un retardo malicioso en el proceso del caso «por genocidio y la obstrucción de la justicia», según los querellantes.
Juan Francisco Soto, del área de Justicia y Reconciliación del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), refutó que los planes sean inexistentes. «Claro que existen los documentos, el mismo presidente los anunció frente a 18 mil víctimas (…) no es un tema de si existen o no, sino de averiguar su desaparición», apuntó.
Benjamín Manuel Jerónimo, presidente de la Junta Directiva de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), querellantes en la demanda por genocidio en conjunto con Caldh, entregó la denuncia formal.
«Esperamos que el Ministerio Público investigue al Ministro de la Defensa por haber desobedecido las órdenes de la Corte de Constitucionalidad, queremos que se investigue este caso», señaló Jerónimo.
Se intentó conocer la postura del Ministerio de la Defensa; sin embargo, Juan Francisco Loranca, vocero de la cartera, no respondió a las llamadas a su teléfono móvil.
El titular de la PDH manifestó su indignación por la actitud del Ministerio de la Defensa al no entregar los cuatro planes contrainsurgentes como le ordenó la Corte de Constitucionalidad.
«(…) Me parece que es una violación al Estado de Derecho, porque todo funcionario y persona particular debe cumplir con las disposiciones emanadas por los tribunales», refirió Morales.
A criterio del magistrado de conciencia, se tiene que deducir las responsabilidades a quienes tenían bajo su custodia los archivos. «Las instituciones estatales no pueden darse el lujo de decir que se perdió la documentación, debe haber un responsable», indicó.
El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Sergio Morales, anunció que el próximo lunes 2 de marzo será publicado un acuerdo en el diario oficial, por medio del cual se garantizará el acceso público a los archivos de la Policía Nacional que la institución tiene en su custodia.
La apertura al público se efectuará el 24 de marzo, en la zona 6; durante esa fecha se dará a conocer el primer informe sobre la digitalización de los documentos que ha hecho la institución y los hallazgos sobre violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.