El Sistema Penitenciario cuenta con celdas que denominan de «aislamiento», sin embargo, reos o sus familiares aseguran que más que aislar al privado de libertad, éste sufre un «castigo severo» al ingresar.
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Autoridades del SP afirman que esa medida no viola los derechos humanos fundamentales del reo, sin embargo, el siguiente testimonio podría contradecirlo.
La Procuraduría de los Derechos Humanos asegura que en 2006 emitió una serie de recomendaciones para una reforma integral en esos aspectos, pero que ésta «no se ha cumplido».
Testimonio
Ana Recinos cuenta que en junio último, su sobrino, quien guarda prisión en Quetzaltenango, ingirió bebidas alcohólicas (lo cual es prohibido) y protagonizó una pelea con otro reo; por lo que los guardias del SP lo condujeron a la «celda de castigo», como ella la llama.
Recinos narra que los guardias de esa prisión le advirtieron a su sobrino que si no les pagaba una cantidad de dinero, «mancharían» sus antecedentes, y no podría solicitar redención de penas.
«Entonces se lo llevaron a la celda de castigo por casi un mes en condiciones horribles, insalubres y precarias», manifestó la tía del reo, quien prefirió dejar en el anonimato a su sobrino para evitar represalias, indicó.
Según Recinos, sólo le daban de comer una vez al día y no se le permitieron visitas: «lo tuvieron como si fuera un perro», refirió, y agregó que para ir al baño debía «rogarles a los guardias que lo llevaran, y sólo lo hacían si les da la gana», expresó.
Ana indicó finalmente que si su sobrino hablaba o se quejaba, era golpeado y que a muchos de los allí recluidos los tenían que llevar al hospital.
«Aislamiento»
Rudy Esquivel, vocero del SP, explicó que ese tipo de celdas buscan el aislamiento y que «no se definen como áreas de castigo», expresó.
Esquivel indicó que esa medida es utilizada en casos en los que la integridad física de los reos está en riesgo y que estos son «ubicados en un espacio que les permita tener sus servicios básicos mínimos», declaró.
El vocero del SP añadió que, los servicios básicos como sanitarios, agua potable, luz, aire y una custodia adecuada son procurados en esas medidas e hizo énfasis en que el derecho a la alimentación «no se puede violentar».
Esquivel dijo, finalmente, que las sanciones se ejecutan por medio de actas, con las que se dificulta el trámite para la redención de penas cuando los presos lo soliciten en los juzgados de ejecución.
María Eugenia Morales, procuradora adjunta de la PDH, explicó que en varios centros carcelarios las condiciones son infrahumanas y que esa entidad «está velando por que se mejoren las circunstancias de los reos ante la deplorable infraestructura», indicó.
Morales aseguró que revisaría los expedientes para saber si existen las condiciones descritas en el testimonio y que la entidad del PDH podría emitir las sanciones necesarias al SP.
La entrevistada enfatizó, además, que las recomendaciones efectuadas por el magistrado de Conciencia respecto a las condiciones de las cárceles «no se han cumplido».