El 15 de abril varios cientos de trabajadores indocumentados que se desempeñan principalmente en sectores como la restauración, la seguridad y el aseo industrial, iniciaron un movimiento para exigir su regularización a las autoridades francesas.

En lo que constituyó una situación sin precedentes, numerosos empleadores de estos manifestantes, sobre todo los del sector de la restauración, dieron su apoyo a los manifestantes.

La ley francesa de 2007 sobre la inmigración se compromete a tener en cuenta «la capacidad de integración en Francia de un cierto número de trabajadores con competencias particularmente solicitadas en el mercado laboral».

Algunos de los sectores concernidos por el movimiento, como la hotelerí­a o la restauración, están confrontados a una escasez crónica de mano de obra.

Respondiendo a la demanda de los trabajadores, el ministro de la Inmigración y de la Identidad nacional, Brice Hortefeux, un allegado al presidente Sarkozy, reiteró hoy que no habrí­a regularización masiva y que los casos serí­an examinados uno por uno por los prefectos (gobernadores civiles), de acuerdo a la ley.

Esta legislación fue calificada de «hipocresí­a» por el sindicato de un sector directamente vinculado al mundo laboral, como son los controladores e inspectores del trabajo, que pidieron se iniciaran negociaciones para regularizar a los indocumentados.

Hoy, un juicio mucho más severo para la polí­tica de migración y en particular para el tratamiento que se dan las autoridades franceses a los indocumentados fue el formulado por la CIMADE (Servicio Ecuménico de Ayuda a los Extranjeros).

CIMADE denunció en un comunicado las prácticas «absurdas» de la policí­a y la administración francesas y los «dramas humanos» que provocan las expulsiones de indocumentados y su paso por los «centros de retención», donde pueden estar encerrados hasta por 32 dí­as.

Esta ONG francesa, que desplegó gran actividad para apoyar a los refugiados latinoamericanos que huí­an de las dictaduras militares en los años 70 y 80, fue creada en ví­speras de la 2ª Guerra Mundial y jugó un importante papel de resistencia, socorriendo a los prisioneros de los campos nazis en Francia.

«Asistimos, desde 2003, a la industrialización del dispositivo de alejamiento de los extranjeros en situación irregular», destaca CIMADE, aludiendo a los objetivos en cifras fijados por el gobierno: 25 mil en 2007, número que no fue alcanzado, y 28 mil para 2008.

Esta presión «lleva a los servicios de policí­a a proceder cada vez a detenciones utilizado métodos cuestionables» detalla la CIMADE, citando los arrestos en los domicilios de las personas o los controles policiales «por cruzar la calle fuera de los pasos para peatones o por escupir en el suelo».

El «clima de miedo», provocado así­, fue la causa de dramas como el de un niño ruso que quedó gravemente herido al caer de un techo cuando trataba de escapar de la policí­a, la muerte de una mujer china en circunstancias semejantes, el suicidio de un joven keniano y la muerte de un maliano que se ahogó en un rí­o cuando huí­a de un control policial.

El informe también denuncia que la condiciones de encierro en los «centros de retención» han generado una «multiplicación de actos graves».

Las automutilaciones, tentativas de suicidio, incendios o motines son «casi cotidianos» en los 22 centros, provocando a veces la intervención violenta de las fuerzas del orden, precisó CIMADE.