Unas 60 familias que desde hace ocho años habitaban en la comunidad La Nueva Esperanza, Sierra del Lacandón, en el municipio de Flores, departamento del Petén, denunciaron haber sido desalojados violentamente por elementos del Ejército, Policí­a Nacional Civil y delegados del Consejo Nacional para las íreas Protegidas (Conap).

La denuncia la realizaron en la sede de la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP) por intermedio de Aní­bal Flores, quien dijo que unas 400 personas que fueron afectadas, se encuentran actualmente en territorio mexicano, recibiendo atenciones mí­nimas por parte de las autoridades locales, ante el hostigamiento que continúan sufriendo.

Durante la conferencia presentaron cascabillos de balas de distinto calibre que, aseguró Flores, fueron disparadas por los elementos de las fuerzas de seguridad al momento del desalojo, luego de lo cual procedieron a destruir y quemar las viviendas y ranchos de los habitantes que se vieron forzados a cruzar a territorio mexicano.

Como responsables de esta acción señalan al delegado del Conap en ese departamento, Vinicio Montero, y al juez instancia de la localidad, Julio César Villatoro, quien les informó que la acción obedecí­a a una orden judicial, la cual en todo momento se negó a entregarles.

«Esta acción nos hace pensar que volvemos a la época de tierra arrasada, con la única diferencia que ahora no es solamente el ejército sino con el apoyo de la PNC y de otras autoridades de gobierno, por lo que ya presentamos la denuncia respectiva ante la Procuradurí­a de los Derechos Humanos», concluyó el entrevistado.