La Fundación Sobrevivientes denunció que conoce de ocho casos que vinculan a sacerdotes, monjas, ministros de iglesia y pastores, en abusos sexuales de niños y niñas, entre estos el del sacerdote José Gumercindo Solares Santos, de 49 años, quien por una serie de anomalías por parte del Ministerio Público (MP) aún no es detenido.

Norma Cruz y Rodolfo Díaz, de la Fundación Sobrevivientes, explicaron que conocen de alrededor de ocho casos que sindican a personas vinculadas con la religión, en abusos sexuales de menores de edad.

“Son alrededor de siete u ocho procesos que conocemos donde hay sacerdotes, monjas, ministros de una iglesia, pastores, son varios que nosotros llevamos, obviamente ellos utilizan esa confianza que tienen, o esa autoridad en la iglesia para agredir sexualmente a los miembros”, indicó Díaz.

La directora de la Fundación dijo que no pueden callar los abusos, principalmente por lo sucedido recientemente. Los casos se conocen en Chimaltenango, Santa Rosa, Antigua y la capital.

Las anomalías en el proceso del sacerdote pederasta, Solares Santos, impulsó a la Fundación a denunciar públicamente estas situaciones, que preocupan.

De acuerdo con la información, desde enero de 2005, se conoció de la violación continuada del sacerdote, en contra de una niña de 10 años en Santa Rosa.  Sin embargo, por la burocracia y las “componendas”, entre el sindicado y los entes encargados de la investigación, el caso no avanzó, al punto que se desconoce el paradero del hombre acusado.

“Hubo una clara componenda para que el sindicado se apersonara voluntariamente, como había una orden de captura, nosotros empezamos a presionar para que se ejecutara, lo que hicieron fue que se pusieron de acuerdo, se presentan ante el juez de forma voluntaria, se da su primera declaración, pero nos dejan fuera para solicitar ellos la actuación que solicitaron, que nos duele acá, es una niña que lleva ocho años esperando justicia, es una niña que fue violentada no una vez, sino varias veces, dentro de la iglesia y hay elementos de prueba, suficientes que demuestran que el hecho pasó”, dijo Cruz.

EL PROCESO
La denuncia se conocía desde 2005, atravesó por un proceso burocrático, que terminó beneficiando al sindicado, derivado del actuar del MP.

Según se indica, lo que procedía era que el Juez de Instancia de Santa Rosa, llamara a la persona sindicada, lo ligara a proceso y dictara prisión preventiva, tal y como lo había ordenado la Sala en su momento.
 “Nosotros como abogados de la querellante estuvimos presionando, exigiendo que esa audiencia se realizara. Sorpresivamente el 4 de diciembre del año pasado, se presenta este sindicado con su abogado y el Ministerio Público (MP) sin notificar a la querellante adhesivo, una primer anomalía es esta ausencia de notificación a la querellante que tiene todo el derecho de estar presente en las audiencias, lo que en esa audiencia tenía que pasar era que lo ligaran a proceso, sorpresivamente el abogado de la defensa pide el sobreseimiento del caso, a esa solicitud del MP”, dice Díaz.

Por aparte, Norma Cruz, indicó que harán las denuncias respectivas en contra de los funcionarios del MP, agregó que van a presentar las pruebas de cómo se manipuló el caso.

“Lamentamos es que aquella institución que es la encargada de la persecución penal, de garantizar el acceso a la justicia a las víctimas. No se vale que el mismo ente investigador se convierta en obstructor a la justicia, lo mismo cometieron los funcionarios del MP”, dice Cruz.