Por más de 90 años, la industria farmacéutica nacional guatemalteca se ha caracterizado por contribuir a la mejora de la salud de los guatemaltecos y habitantes de los países a donde exporta sus productos. Además, por ofrecer medicamentos de calidad a precios asequibles para toda la población.
Nuestras empresas han sido, son y serán respetuosas de la Constitución Política de la República, de leyes nacionales específicas y de convenios internacionales ratificados por el Congreso de la Republica.
Al investigar y desarrollar un nuevo producto para ponerlo a disposición de la población, nuestros asociados se aseguran de cumplir con todos los requisitos de calidad y de cumplir con la Legislación de Propiedad Intelectual. Nunca hemos infringido ninguna patente ni protección de datos de prueba.
Los guatemaltecos y ciudadanos de la región, conforme a los convenios internacionales y legislaciones nacionales, tienen derecho legítimo a elegir libremente y a tener acceso a medicamentos que las transnacionales han gozado de una exclusividad única en el mercado por 20 años.
Lamentablemente, en el 2000 algunas organizaciones, empresas transnacionales que no representan los intereses de los guatemaltecos y unos pocos malos guatemaltecos, en complicidad con algunos funcionarios de gobierno, le impusieron a nuestro país la legislación de propiedad intelectual más severa del mundo, dando 15 años de protección de datos de prueba (exclusividad única en el mercado), manteniendo siempre los 20 años de exclusividad que les otorga la patente.
En el 2003, con la suscripción del TLC DR-CAFTA, las mismas transnacionales lograron beneficios adicionales con exclusividad única en el mercado para algunos productos: 5 años de protección de datos de prueba en medicamentos y 10 años en agroquímicos, además de los 20 años de exclusividad que les otorga la patente. Por esta razón, hay 73 medicamentos protegidos por un monopolio de 5 y 15 años, cuando en otros países centroamericanos y otras latitudes ya son genéricos.
Estos mismos malos guatemaltecos y extranjeros aprovecharon el DR-CAFTA para imponer barreras adicionales al acceso a medicamentos e insumos agrícolas.
Desde el 2004 han pretendido, sin ningún fundamento jurídico, que asociados nuestros retiren medicamentos del mercado. En los últimos meses del presente año, nuevamente insisten en el retiro de medicamentos con argumentos sin fundamento y han llevado a tribunales de justicia a la empresa Biocross, S.A.
El Ministerio Público solicitó sin fundamento medidas cautelares, como el arraigo del representante legal, la suspensión de registros, la cancelación de importaciones y otros daños, violando los procesos jurídicos y el Estado de Derecho. Sumado a esto, funcionarios del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Economía actuaron de forma arbitraria, emitiendo dictámenes en perjuicio de la empresa Biocross, lo cual posteriormente el Ministro de Economía reconoció que había sido una decisión arbitraria de dichos funcionarios y entregó un dictamen que demuestra la inocencia de Biocross.
En este momento tenemos indicios de que a otras industrias nacionales les entablarán demandas similares y sin fundamento, con el propósito de continuar sus monopolios.
Reconocemos el trabajo objetivo y apegado al derecho del tribunal que llevó el último caso mencionado y que sin ningún tipo de sesgo ni presión política, declaró sin lugar la demanda y todos los procesos interpuestos por la empresa transnacional.
Todo lo expuesto evidencia la existencia de un plan estratégico de las transnacionales que hemos venido denunciando, el cual tiene como propósito desaparecer por cualquier medio y de forma sistemática la industria farmacéutica nacional de medicamentos.