El Ministerio Público (MP) informó a La Hora que la denuncia de supuesta malversación de fondos en el Instituto Nacional de Electrificación se trasladó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debido a que entre los señalados se encuentra el Ministro de Energía y Minas y la titular de (Segeplan), quienes gozan del derecho de antejuicio.

Según el MP, la Corte deberá resolver si se entra a investigar el caso por la supuesta malversación de fondos, ya que tanto el ministro de Energía y Minas, Erick Archila, como Ekaterina Parrilla, de Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) gozan de derecho de antejuicio.

Además, el ente investigador señaló que el proceso contra los 12 miembros del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) también deben esperar la decisión de la CSJ, ya que la denuncia penal fue presentada en conjunto.

El caso no se podrá trabajar por separado ya que la denuncia se presentó para los 12 miembros del Consejo Directivo, la cual incluye a Archila y a Parrilla. El expediente del caso fue enviado esta mañana a los Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia.

Los funcionarios fueron señalados por la Contraloría General de Cuentas de la Nación, que encontró anomalías en el proceso de contratación –sin licitación– de una empresa que realizaría estudios de factibilidad para la construcción de la hidroeléctrica Xalalá

RESPONSABILIDAD DEL MP

Se consultó a la Contraloría sobre el caso y la institución asegura que es responsabilidad del MP llevar a cabo las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades sobre el contrato de factibilidad del proyecto Xalalá.

Esto porque ya fue hecha la denuncia correspondiente y será el MP el que  proceda a realizar una formulación de cargos para la solicitud de la devolución del dinero que se le había otorgado como anticipo a la empresa brasileña, que está a cargo del estudio.

DEFIENDE SU POSTURA

Por otro lado, el INDE publicó hoy campos pagados en los medios de comunicación en los que defiende su postura ante el escándalo y hace ver que las compras y adquisiciones de la institución están reguladas por una Ley Orgánica.

Sin embargo, la Contralora General, Nora Segura, indica que aunque el INDE tenga una Ley Orgánica y un Reglamento Interno estos no especifican los procesos de adquisiciones, entonces se deben de regir a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, ya que en esta se vela por el patrimonio del Estado y por la transparencia de todas las adquisiciones que se lleven a cabo.

Ahora bien, si el Consejo Directivo del INDE considera prudente podrían plantear reformas tanto a su Ley Orgánica como a su Reglamento al Congreso de la República; pero en este momento se han detectado ciertas anomalías y vicios que se cometieron en todo el proceso de adjudicación de la compra del estudio de factibilidad.