Se ha puesto mucho ojo al millonario negocio del documento único de identidad y se critica la forma en que se realizó la adjudicación y a los personajes que están detrás de la empresa favorecida por las autoridades, pero poco interés se ha puesto en el efecto que ello tendrá en nuestro sistema político, porque no olvidemos que la llamada democracia criolla está íntimamente relacionada con el ejercicio del sufragio, mismo que depende del documento de identidad de los ciudadanos.
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Tal y como están las cosas y dada la crisis institucional del país, dentro de pocos años estaremos pidiendo a la Organización de Naciones Unidas o a cualquier otro órgano multinacional que nos ayude creando una Comisión Internacional Contra los Fraudes Electorales en Guatemala, porque quien documenta a los electores tendrá extraordinario poder e influencia para decidir el curso de nuestro futuro político. No somos neófitos en materia de fraudes electorales porque durante muchos años se recurrió a ese procedimiento para mantener una fachada democrática que permitió el ejercicio de una forma muy especial de dictadura. En aquellos años fue el contubernio entre los militares y políticos corruptos lo que permitió que se consolidara un sistema que manoseó el concepto de democracia en el país.
Ahora la alianza puede haber sufrido algunos cambios, pero el riesgo vuelve a ser enorme y no existe en el país ningún instrumento de verificación de la forma en que se extiende la documentación de las personas como para garantizar que las elecciones sean en verdad el reflejo de la voluntad de los electores. Por ello es que me temo que dentro de algunos años, cuando nos propongamos salir del atolladero, sintamos la obligación de copiar el modelo de la CICIG para crear en nuestro país una CICFEG que venga a hacernos la campaña de combatir el flagelo.
Suponer que atrás de la concesión para emitir el documento único de identidad únicamente hay intereses económicos es pecar de ingenuo, porque sabemos cómo se cuecen las habas en nuestro país y la forma en que se pueden controlar los resultados electorales mediante la extensión de ese documento que será el necesario para emitir el sufragio. Y hay que agregar el ingrediente de que mientras más sofisticado el sistema, más difícil controlarlo y supervisarlo, por lo que es de verdadero interés nacional ponerle atención al caso antes de que sea demasiado tarde. El Tribunal Supremo Electoral tiene que buscar mecanismos para ejercer control sobre el Registro Nacional de Población que tendrá a su cargo el proceso de documentación de todos los habitantes del país porque de no actuar desde ahora, tendremos un padrón totalmente vulnerable y que permitirá a los grupos vinculados al negocio, perpetuarse en el poder.
No se trata de ver micos aparejados, sino de entender nuestra realidad y cómo es que el país puede quedar definitivamente bajo controles muy tenebrosos de no impedir desde ahora manoseo de la documentación de las personas. Y en ese sentido la sociedad no debe descuidarse ni pensar que atrás de la concesión de marras únicamente hay intereses económicos, porque al fin de cuentas éstos dependen en gran medida del control que se tenga del poder y los grupos comprometidos con el oficialismo tienen la mesa servida para garantizarse una larga vida.