El sacerdote Mario Orantes, sentenciado a 20 años de prisión por su complicidad en la ejecución extrajudicial a monseñor Juan Gerardi, no podrá salir aún de la cárcel, ya que su solicitud de redención de penas fue denegada.
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El juzgado Primero de Ejecución, en el cual tramitó la libertad anticipada del sacerdote Orantes, declaró sin lugar dicha petición, luego del proceso iniciado desde el 7 de julio último. Orantes había solicitado este trámite, aduciendo que había realizado trabajo como guía espiritual durante el tiempo de prisión; sin embargo, no se le acreditó este supuesto trabajo durante tres años en que estuvo hospitalizado.
Orantes fue condenado a 20 años de prisión por el delito de ejecución extrajudicial en grado de complicidad el 8 de junio de 2001 por la muerte de monseñor Gerardi. El religioso concluye su condena el 13 de junio de 2019, y cumplió la mitad de la pena el 14 de junio último.
TRES Aí‘OS MíS
José Luis Patán, juez primero de Ejecución resolvió decirle «no» a la solicitud de libertad anticipada del sacerdote condenado por su complicidad en la ejecución extrajudicial a monseñor Juan José Gerardi Conedera.
El juzgador refirió en su resolución que el informe médico del sanatorio Hermano Pedro, en el que Orantes estuvo internado desde el 9 de enero de 2000, y el cual abandonó por orden judicial el 14 de agosto de 2003, fueron relevantes para resolver en ese sentido: «el médico de ese hospital fue claro en decir que no realizó (Orantes) actividad laboral», explicó el juez Patán.
La resolución del juzgador también detalla que al sacerdote le hacen falta tres años de trabajo en la prisión para poder aplicar a la libertad anticipada por medio de la redención de penas.
PRECEDENTE
Nery Rodenas, representante de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), declaró: «Para nosotros era importante que un caso de gran impacto como fue el asesinato de monseñor Gerardi, no se aplicara el tema de la libertad anticipada».
Rodenas enfatizó que un caso como el crimen contra el religioso, «no era conveniente, que se dejara en libertad a un sindicado», explicó, y consideró la resolución judicial como un «buen antecedente» para quienes podrían solicitar su libertad en el futuro, dijo.
Se intentó obtener una reacción de José Toledo, abogado defensor de Orantes, sin embargo, indicó que no podía atender la llamada ya que se encontraba en una diligencia.
Hilda Morales, titular de la fiscalía de Ejecución del Ministerio Público, indicó que no podía hacer ningún pronunciamiento ya que no había sido notificada de la resolución judicial.