La Cámara de Amparos y Antejuicios no amparó provisionalmente a la Gremial de Transportes Extraurbanos de Rutas Cortas (GTERC), la cual había accionado contra el Acuerdo 16-2009 que ordenó la reducción del costo del pasaje en esas líneas.
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Según información extraoficial, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió sin lugar el trámite del amparo provisional presentado en febrero pasado por los empresarios del transporte. Según fuentes, las notificaciones de ese fallo no han sido enviadas en su totalidad, por lo que las partes no lo confirman.
El Acuerdo 16-2009, contra el que interpusieron el amparo los transportistas, estipula una tarifa base de Q2.00 por menos de doce kilómetros de recorrido y el costo de 17 centavos por pasajero en cada kilómetro adicional. El mismo indica que en los casos en los que la Dirección General de Transporte atienda el recorrido en kilómetros, la tarifa se ajustará por aproximación a múltiplos de 25 centavos.
PARO
Carlos Díaz, vocero de GTERC, confirmó que no habían sido notificados de la resolución de la CSJ; sin embargo, calificó el posible fallo como «político».
«Sería triste y penoso que no se respete el Estado de Derecho y que se dé un fallo a todas luces político; lejos de no ampararnos a nosotros, desampara a más de 300 mil usuarios del transporte», declaró el entrevistado.
Díaz añadió que la intención de paralizar el servicio en muchas de las rutas continúa e indicó que éste se ejecutará de no ser amparados.
«No podemos obligar a nuestros agremiados a trabajar así ni nosotros podemos laborar con pérdidas. Esta es una tarifa antitécnica que lejos de ayudar fomenta la violencia y lucha entre usuarios y transportistas», expresó Díaz.
AFECTADOS
Edgar Guerra, de la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano, señaló que en caso de darse un paro en el servicio, los afectados serían más de medio millón de usuarios, que diariamente utilizan las rutas cortas.
«Ojalá que el Ministerio de Comunicaciones tengan un plan B para ponerle fina este chantaje que no lleva a nada. La ley hay que respetarla y si el acuerdo ordena reducir las tarifas los transportistas tienen la obligación de hacerlo», enfatizó Guerra
El entrevistado dijo, además, que las personas de menores ingresos económicos serán las más afectadas por las medidas de represalias que los empresarios anuncian.