Los adversarios demócratas del presidente George W. Bush lo intimaron ayer a que explique de qué manera respeta su gobierno la independencia de la justicia en Estados Unidos, tras la separación del cargo de varios fiscales encargados de casos políticamente sensibles.
«El presidente debe aclarar su papel en todo este episodio», declaró el influyente senador Charles Schumer, número tres de la mayoría demócrata en la cámara alta, en referencia entre otras cosas a un artículo aparecido ayer en The New York Times.
Según el diario, la idea de destituir a varios fiscales federales emanó de la Casa Blanca en 2005, y habría sido estimulada por el propio presidente Bush.
«En octubre último, el presidente Bush habló con el secretario de Justicia, Alberto Gonzales, para responder a las preocupaciones de algunos (líderes) republicanos que estimaban que algunos fiscales no eran demasiado activos» en investigaciones políticas, asegura el diario.
Gonzales rehusó renunciar ayer luego de acusaciones de los demócratas de que su departamento había destituido a los fiscales por razones políticas.
Gonzales, quien ya era blanco de presiones por los abusos del FBI contra los derechos de privacidad en sus investigaciones antiterroristas y largamente criticado por ayudar a la Casa Blanca a justificar las torturas a sospechosos de terrorismo, acaparó las críticas por el último escándalo del Departamento de Justicia, que causó la renuncia de su jefe de gabinete ayer más temprano.
«Reconozco que se cometieron errores. Asumo esa responsabilidad», dijo Gonzales en una conferencia de prensa.
Sin embargo, rechazó las exigencias de los opositores demócratas para que renuncie por lo que ellos condenan como un descarado abuso de poder.
«Estoy aquí porque no me rindo; estoy aquí porque he aprendido de mis errores, porque acepto la responsabilidad y porque estoy comprometido con cumplir mi trabajo», dijo.
La Casa Blanca rechazó anoche que el Bush haya intervenido directamente en la remoción de fiscales federales y aseguró que el presidente tiene plena confianza en Gonzales, según un asesor presidencial.
Bush ha recibido numerosas quejas de miembros de su partido republicano por la lentitud en las investigaciones realizadas por algunos fiscales federales en el caso del presunto fraude electoral, indicó un asesor del presidente, Dan Bartlett.
Bush tocó el tema con un asesor en una conversación de rutina en octubre de 2006, pero no nombró a ningún fiscal en particular y «no se dieron instrucciones para remover a nadie», dijo Bartlett a la prensa en Mérida (México), donde Bush termina una gira de seis días por América Latina.
El caso ya provocó la dimisión del jefe de gabinete del fiscal general y empujó a Schumer a reclamar la dimisión del propio Gonzales, uno de los más fieles ministros del presidente.
A pesar de saludar la «independencia» de los fiscales federales, recordó que sus cargos dependen del «visto bueno del presidente», quien tiene el poder constitucional de nombrarlos y reemplazarlos.
«Ahora tenemos la prueba directa de que Gonzales llevaba a la práctica la voluntad política del presidente (Bush), al menos en lo que concierne a algunos de esos (fiscales destituidos)», aseguró por su parte Schumer.
«O bien el ministro olvidó que había prometido bajo juramente defender la Constitución o bien simplemente no comprende que su deber de proteger el derecho es superior a su deber de proteger al presidente», declaró.
El caso, que viene incubándose desde hace varias semanas, se vincula al despido de ocho fiscales el año pasado en plena campaña para las elecciones legislativas.
Algunos de esos fiscales estaban involucrados en investigaciones políticamente sensibles, y cuatro de ellos fueron la semana pasada al Senado a dar testimonio sobre las presiones que sufrieron.
El reemplazo de varios fiscales no parece ilegal en sí mismo, pero es contrario a la tradición cuando no hay un cambio de gobierno.
También la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, prometió una investigación «fuerte» de este caso, así como examinar un proyecto de ley para clarificar la duración de los mandatos de los fiscales.