Lic. Mario Guerra Roldán
Después de los movimientos revolucionarios del Siglo XVIII resurgió fortalecida la democracia como sistema de gobierno, pero como una democracia representativa, modalidad adoptada por la mayoría de los estados modernos, sobre todo, del llamado mundo occidental.
En Guatemala no fue sino hasta 1945 en que se incorporó a nuestro sistema político esta forma de gobierno, pero que infortunadamente poco duró. En 1985 al entrar en vigor la actual Constitución Política de la República de Guatemala, se volvió a experimentar una democracia representativa, después de un largo período en que gobiernos militares autócratas y represivos, prohijaron el fraude en elecciones que fueron una burda mascarada democrática.
En la apertura que se dio en 1985, se crearon normas para la constitución, organización y funcionamiento de los partidos políticos, como entes de derecho público dotados de personalidad jurídica. Estas normas cuyo continente es la Ley de Partidos Políticos ?Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente? pretendieron fortalecer a los partidos políticos con un nuevo diseño estructural, para que cumplieran idóneamente con su papel vinculante con las demandas de la población.
No podemos negar que a partir de 1984 en que se eligieron diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, todas las elecciones han sido transparentes y confiables, y que el fantasma del fraude ya no merodea en los procesos electorales. Sin embargo, los gobernantes electos y sus partidos han defraudado a los guatemaltecos, porque o han sido corruptos y demagogos, o han sido prepotentes y protectores de la clase oligarca que los empujó al poder, por lo que han causado desencanto, decepción y rechazo en la ciudadanía cada vez que ofrecen responder a sus demandas y atender sus necesidades, y nada.
En las elecciones del domingo 9, el padrón electoral contó con 5,990,029 ciudadanos inscritos, de los que se abstuvieron de votar 2,368,141, y fueron nulos 208,260, más 132,983 votos en blanco. En la elección de diputados de lista nacional el porcentaje de votos nulos fue de 6.74 y 5.87% fueron votos en blanco.
Estos guarismos representan el rechazo y repudio a la clase política que vive su peor crisis de desprestigio, y ahora quieren tapar el sol con un dedo al pretender que se revisen los votos nulos. Pretensión ilegal (debieron impugnar en las JRV) y atentatoria a la pureza de las votaciones. No creo que tribunal alguno se atreva a atender la solicitud de los políticos.
Las preguntas de rigor: ¿Será representativa nuestra democracia? ¿Serán gobiernos representativos y legítimos? No obstante, las elecciones tuvieron un alto coste y hubo la llamada descentralización.