Como nunca antes en la historia, los candidatos a la presidencia para la próxima contienda electoral han sido definidos con una marcada anticipación. El proceso de selección de los aspirantes ha dejado al margen a la ciudadanía, lo cual pone en entredicho la democracia dentro de los partidos políticos.
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En la sociedad los partidos políticos no cuentan con una democracia interna debido a que no se escogen con libertad a quienes serán los representantes a cargos de elección popular, lo que demuestra que es necesario reformar internamente los partidos para hacer una reestructuración dentro de los mismos, coinciden académicos y expertos en materia electoral.
En Guatemala la mayoría de los partidos son controlados por una persona, una figura que predomina sobre el mismo comité ejecutivo nacional, quien al final decide quiénes son los postulados a diputaciones, alcaldías y corporaciones municipales. Los analistas señalan a estas agrupaciones como las menos democráticas, pues a pesar de ser organizaciones políticas multitudinarias, no practican procesos de elección como las primarias, en donde todos los afiliados podrían decidir quién los representaría en la contienda.
Los estudios realizados en los últimos meses no dan certeza sobre los procesos democráticos a lo interno de los 30 partidos políticos que existen actualmente. Las organizaciones no registran procesos de selección de candidatos o de discusión de políticas públicas que incluyan a simpatizantes y ciudadanos no afiliados en la toma de decisiones importantes. De esa cuenta es posible cuestionarse si existe o no una democracia interna en los partidos políticos.
PARTIDOS O EMPRESAS
El descrédito que ha tenido la política en los últimos gobiernos, derivado en muchas ocasiones de casos de corrupción en todos los niveles del Estado, ha repercutido en que muchos de los ciudadanos no se integren a los partidos por considerarlos “empresas lucrativas” que solo generan dividendos para las altas esferas de las organizaciones que ganan las elecciones.
De ahí que los partidos no sean semilleros de nuevos liderazgos o de estadistas que procuran políticas públicas de largo alcance, sino empresas que buscan agenciarse de fondos a través del financiamiento público establecido en la Ley Electoral y Partidos Políticos, que ordena al Tribunal Supremo Electoral pagar US$1 por cada voto obtenido a los partidos participantes de las elecciones.
Para el coordinador de análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), Luis Fernando Chávez, los partidos políticos funcionan como empresas, ya que parten del financiamiento de la deuda pública, lo que motiva a que muchas personas se integren a los partidos.
Además, Chávez señala dentro de las debilidades de los partidos, la falta de pensamientos ideológicos doctrinarios, puesto que aun cuando dentro de sus estatutos sí se señala una ideología, ésta no se practica y por lo tanto no existen parámetros para definir quiénes deberían formar parte de las filas de las organizaciones políticas, lo que abre las puertas para que cualquiera con capacidad económica para financiar su campaña ocupe las principales candidaturas, sin importar cuán afín pueda ser a la línea del partido.
La Hora consultó con algunos jefes de bancadas para conocer su percepción sobre los conceptos expresados por los estudiosos que describen a los partidos como “empresas lucrativas” y a la vez conocer si los partidos a los que pertenecen ejercen la ideología señalada en sus estatutos.
Juan José Porras, diputado de la bancada del Partido Patriota (PP), indicó que esa agrupación tiene una ideología clara y que para estar dentro de ese partido no se necesita de financiamiento, sino ser una persona activa dentro de esa agrupación para que luego pueda ser electo a un cargo público.
Porras enfatizó que el partido al que él pertenece –PP– no incluye a aspirantes a ningún cargo público por su condición, ya que consideran que todos los ciudadanos deben involucrarse y participar en la política.
Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), explica que esa agrupación no funge como una empresa lucrativa, porque no se requiere de ningún presupuesto para formar parte de ese partido, debido a que toman en cuenta la participación de todos los guatemaltecos, y agrega que la UNE no necesita de un mecanismo específico para integrar simpatizantes a su organización.
El jefe de la agrupación verde, aclara que esa agrupación no maneja recursos públicos ni tampoco de actividades riesgosas e ilícitas.
Mientras, el secretario general de Libertad Democrática Renovada (Lider), Roberto Villate expresó que esa bancada utiliza financiamiento de algunas personas allegadas –amigos y familia– para promover su campaña y enfatiza que nunca han sido una empresa lucrativa.
Villate indica que ese bloque se ha caracterizado por darles oportunidad de participación a mujeres e indígenas por igual, porque esa agrupación promueve la equidad hacia todos los guatemaltecos.
REFORMA INTERNA
Expertos en materia electoral también indican que en el Congreso de la República existe poca voluntad para realizar una reforma política sustancial a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. “Si se tuviera voluntad, los grupos con aspiraciones políticas podrían llevar a Guatemala al mismo nivel que otros países centroamericanos donde se observan claros ejemplos de elecciones de sus delegados a través de votaciones primarias internas”, explicó Chávez.
No obstante, la reforma no ha tenido lugar debido a la poca cultura política y casi nula participación de ciudadanos en los partidos políticos.
Este aspecto se podría cambiar desde las bases de los grupos, si los simpatizantes y la ciudadanía en general demandaran mayor inclusión y participación a lo interno, lo que ayudaría a evitar la campaña anticipada, según indica Chávez.
A criterio del experto, la poca participación a lo interno en los partidos políticos podría solucionarse si las elecciones municipales y legislativas tuviesen lugar en momentos distintos de la elección presidencial, lo que condicionaría a los grupos con aspiraciones políticas a mantenerse en vigencia, a estar más activos en el debate público, y así evitar que los partidos se extingan.
La campaña anticipada solo demuestra que existe falta de compromiso de parte de los contendientes y evoca la tan ansiada reforma a la Ley Electoral, lo que hace necesario retomar el debate de un cambio en la política interna en los partidos políticos, dado que con esto el TSE no tendría ningún inconveniente de aplicar la ley a quienes cometan faltas.
“La campaña anticipada podría generar grandes niveles de abstencionismo en las próximas elecciones”, expresa Chávez al referirse a la recurrente queja de la ciudadanía respecto de las vallas y los mítines que a diario evidencian la acelerada carrera por la presidencia, fuera del lapso establecido por el TSE.
NUEVO TSE
La Hora consultó a los cinco magistrados suplentes del TSE antes de que fueran juramentados por el Congreso de la República y todos coinciden en que la entidad que ahora representan debe trabajar en la implementación de una reforma política interna que garantice la participación activa e impostergable en el proceso de la reforma electoral e integral que necesita Guatemala.
Los magistrados manifiestan que una de las principales preocupaciones es la debilidad institucional de los partidos políticos, dentro de los que no hay indicios de democracia, aunque contradictoriamente son los principales actores de procesos eleccionarios democráticos.
Estuardo Gamalero Cordero, vocal IV y magistrado suplente del TSE, señala al paquete de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos como la materia pendiente más importante; la misma se encuentra en manos de la Corte de Constitucionalidad donde se dictaminará la viabilidad de los cambios.
“Mientras el político no piense en la siguiente generación y el candidato siga pensando en la siguiente elección, difícilmente van a mejorar las cosas”, acota Gamalero.
Además, Augusto Eleázar López, también magistrado suplente y vocal III, dijo que la reforma política interna de los partidos políticos es una decisión colegida y que el TSE debe reunirse para tomar las decisiones correspondientes.
A criterio de Eleázar López, todos los magistrados deben hacer un aporte importante para la toma de decisiones sobre la base de la situación en conjunto.
El vocal II y magistrado suplente Óscar Emilio Sequén considera que la Ley Electoral y de Partidos Políticos deberá reformarse para regular los procesos administrativos del Tribunal Supremo Electoral. Sequén señala que él busca proponer la atención con igualdad a la población multicultural del país.
Los togados cuando fueron entrevistados por La Hora dijeron que tienen vital interés en que los guatemaltecos tomen en cuenta la importancia del ejercicio del sufragio y toda la responsabilidad que esto conlleva, para que no se dejen llevar por las clases partidistas y así corregir el rumbo que tienen las instituciones del país.
La transparencia es otro punto en que los magistrados también indicaron que van a esforzarse, ya que esa entidad debe tener credibilidad debido a que es el ente encargado de velar por el orden democrático del país.
Algunas de las debilidades del TSE señaladas por los propios magistrados son: falta de herramientas para evitar la campaña anticipada y lograr que crezca el número de empadronados, así como la depuración del padrón.
A un año de que el TSE lance el banderazo de salida para el inicio formal de la contienda electoral, los partidos políticos han decidido ignorar la Ley, pagar las multas que sean necesarias por campaña anticipada y promocionar a sus candidatos presidenciales a toda costa, sin tener en cuenta la saturación que generan en la ciudadanía, mientras los recién nombrados magistrados se preparan para tomar las riendas del ente encargado de velar por la adecuada aplicación de los mecanismos democráticos, sin que hasta el momento se avizore una reforma política sustancial que garantice a los guatemaltecos que el próximo presidente y sus próximos representantes serán producto de la voluntad popular.