Paulatinamente el modelo que hemos entendido como de democracia acentúa su riesgosa sobrevivencia. En las últimas dos décadas del siglo pasado dos grandes fenómenos sociopolíticos marcaron los apuros democráticos. En el inicio de los ochentas la resistencia de los militares a subordinarse al poder civil. Luego ya estos al mando de la cosa pública, el arrebato del neoliberalismo que pronunciaron las debilidades de los frágiles Estados en construcción (el denominado Estado democrático incipiente o Estado en transición democrática).
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Ahora otros dos grandes fenómenos (sociopolíticos también) acechan el desenvolvimiento y desarrollo democrático de Latinoamérica. El afán de reelección es uno, y la insuficiencia financiera para encarar prácticamente más de una década desde el debilitamiento de las capacidades de respuesta del Estado, frente a las demandas socioeconómicas, es el otro.
En cuanto al primero ha merecido toda clase de rechazos la alusión a esta nueva forma de caudillismo con disfraz electoral, que implica perpetuarse en el ejercicio del poder desde el ámbito del organismo ejecutivo en cada país. Lo que se ha dejado de lado, en este afán autocrático del siglo XXI, es la complicidad en su caso, de la correspondiente sala de magistrados constituidos en Cámara Constitucional (si es que no hubiese tribunal constitucional permanente, como ilustra la situación en Nicaragua).
La autorización «jurídicamente sustentada» para inclusive señalar la «inviabilidad» de un artículo constitucional es un buen ejemplo de cuán distorsionado se encuentra el desempeño de la interpretación de los preceptos constitucionales. En Colombia se ha visto igual y servil conducta, con la diferencia que ésta ha provenido tanto de la Cámara Alta como de la Baja (entes políticos ambos) a favor de las intenciones reelección de ílvaro Uribe.
En nuestro país, ironizar en la denominación de «Corte Celestial» en alusión a las inapelables resoluciones de la Corte de Constitucionalidad es otro ejemplo de la distorsión interpretativa de nuestra norma suprema vigente. La intromisión de ésta en cuanto a dirigir al Organismo Legislativo, entre otros, ha ido en aumento a tal punto que cada vez dictan y ordenan procedimientos que inclusive violan normas vigentes y establecen precedentes que ponen en riesgo la propia vigencia de la constitución misma.
Ante tal situación algunos estudiosos ya están hablando del surgimiento de la «magistradocracia» en alusión a una forma de ejercicio del poder político desde el ámbito de la interpretación de los preceptos constitucionales. Pero «tranquilos», aquí los vientos no soplan a favor de pretensión reelectoral alguna, aquí el riesgo democrático está orientado precisamente hacia la perpetuación del actual estado de cosas, con sus abismales deficiencias, múltiples carencias, enormes desigualdades y tremendas inequidades.
Solo hará falta que ese movimiento de ancianos (en varios sentidos no únicamente en el cronológico), plantee alguna acción en la Corte Celestial (perdón Constitucional) y de esa cuenta los magistrados también se inmiscuyan a volver a «legislar» ordenando que el correspondiente organismo se pronuncie en sentido favorable y así nos veamos envueltos en una futura Consulta Popular para perpetuar el actual estado de discriminaciones.
Desde el ángulo de las demandas sociales ante la precariedad del Estado guatemalteco, se acentúan las debilidades de nuestra democracia, con sus vacíos institucionales, al punto que arriesgan otras conquistas a favor precisamente de los más necesitados. El «ajo» del asunto aquí, es la capacidad de implementar propuestas cuya viabilidad sea el punto de partida. Y no obstinados planteamientos cargados de una retórica que desde el principio les hacen no solo inviables sino carentes de sentido de la proporción. Pero ese será objeto de una nueva reflexión en el futuro próximo.