Mi primera noción de un evento electoral data de aquel proceso verificado en 1974. Yo no podía votar pero seguía pendiente de la propaganda de entonces. El evento derivó en un sonado fraude. Perdió el aspirante militar de la oposición, quien había ganado en las urnas e hicieron ganar en el Congreso al aspirante oficial, otro militar. Cuatro años más tarde se repitió.

Luego me habré de enterar que esa había sido una de las tantas veces de una cadena reiterada de eventos en la que el pueblo acudía a unas “elecciones de mentira”. Las elecciones y toda la parafernalia montada eran un verdadero fraude.

Cuando en 1982 se intentó repetir el fraude, la ola de asesinatos políticos había superado cualquier expectativa de cambio. El conflicto armado interno se desenvolvía en medio de una incertidumbre creciente por parte de los más poderosos representativos de la oligarquía criolla y de las figuras políticas. Ante ese escenario se produce el golpe de Estado mediante el cual se interrumpen las sucesiones de gobiernos militares devenidos de “procesos electorales” que burlaron de manera reiterada la voluntad del “soberano pueblo de Guatemala”. Un militar sucedió al militar que ejercía la presidencia de la república. Un año y casi cinco meses más tarde este militar es sustituido por otro militar. Se concreta el proceso mediante el cual elegimos a la Asamblea Nacional Constituyente y varios meses más tarde se promulga la Constitución Política de la República, vigente a partir del 14 de enero de 1986.

Por disposición de dicha Carta Magna se crea la institucionalidad para evitar los fraudes electorales. De hecho esas escenas desaparecen de la vida pública. O sea ha funcionado más o menos. Después, diez años más tarde se firma la paz y el cese del conflicto armado interno perfila una escena que en lo político se traduce en la participación abierta de la hasta entonces clandestina izquierda guatemalteca. El índice de simpatías de esta propuesta ha venido cada vez a menos. Pero ese es otro tema. Lo que no se previó en la institucionalidad electoral ha sido la perversa convivencia de los grandes y poderosos capitales producto del narcotráfico, con aquellos de “abolengo y tradicionales” que han trastocado la política al punto de hacerla un producto de mercado en su más putrefacta expresión de simple objeto-sujeto de cambio. La maquinaria alrededor de la legitimación electoral también alteró a las denominadas “bases” de los partidos políticos. De ahí que la simpatía, la afiliación, la adhesión y la participación política se fundamentó en el “qué me das, qué te doy” en su más burda expresión mercantilista. Los partidos políticos solo han sido una figura de denominación atractiva para seducir de momento al elector que es atraído por la intensidad de las cancioncitas, lo reiterativo de frases persuasivas y lo abrumador de las gigantescas vallas. No se elige al mejor. No se elige al “menos peor”. Se elige al que más recursos tiene para aparecer más veces en los distintos medios de comunicación.

El sistema se ha acomodado a esto. El poder económico convive gratamente en este escenario de fachada. La clase política carece de sustentación ideológica pues su verdadera convicción la provee el grosor de su billetera. Parece que a nadie le importa si la plata proviene de donaciones de simpatizantes y adherentes “de base” o si la base de la que parten los generosos recursos son producto de negocios vinculados a las drogas, el tráfico de personas, el contrabando y otros ilícitos. Y los elegantes directivos de cuello blanco de las organizaciones empresariales voltean la mirada, pues en esta simbiosis de capitales, la procedencia no importa: “el dinero no tiene nacionalidad” predican y parece que tampoco hay dignidad en quienes lo obtienen de las más atroces prácticas que implican la esclavitud de los farmacodependientes y de las luchas intestinas de quienes se hacen de un “territorio” para garantizarse sus cruentos ingresos. En medio de todo ello lo que en realidad tenemos, además de un Estado en constante crisis, es una democracia de fachada.