El fenómeno no es exclusivo de este gobierno aunque obviamente ahora es más descarado. Desde los empresarios de buses que lograron aumento del subsidio hasta los proveedores de medicina y de fertilizantes y los medios de comunicación que regalaron espacios, la lista de los que pasan factura por los apoyos que le dieron al actual presidente es posiblemente una de las más abultadas de la historia del paí­s y de hecho se perdió hasta el recato que antaño hací­a que ese pago de facturas fuera de alguna manera disfrazado. Hoy en dí­a es a las claras y sin el menor rubor que se concreta el pago del favor recibido, pero es obvio que eso convierte a la nuestra en una democracia que tiene un graví­simo pecado original que la marca terriblemente.

El presidente Colom tiene que reconocer la grave situación que para el paí­s significa ese tráfico de influencias que se ha dado prácticamente con todos los gobiernos desde que entró en vigor la Constitución que actualmente nos rige, porque al final de cuentas resulta que el mandato popular es una babosada que apenas si sirve para los discursos, porque el mandato que en realidad cuenta, el que se convierte en efectivo, en lí­quido y exigible, es el que por lo visto otorgan los financistas que saben que sin ellos no hubiera habido proselitismo ni, en consecuencia, votos para alcanzar el poder.

Durante años se ha planteado la necesidad de establecer mecanismos de control en el financiamiento de los partidos polí­ticos para preservar la esencia misma de la democracia, pero resulta que a nadie en el ambiente polí­tico le interesa introducir ese tipo de mecanismos que impedirí­an el tráfico de influencias. Y es que resulta mucho más cómodo tender la mano para pagar el activismo polí­tico y para sufragar la propaganda que tener que trabajar seriamente en la organización de verdaderas fuerzas que dispongan de una estructura popular que les dé fortaleza.

Mientras exista el actual régimen de financiamiento de los partidos polí­ticos, los electores simplemente seremos objeto de la manipulación, porque el punto de vista de la gente es irrelevante toda vez que los polí­ticos ya llegan con una agenda cerrada para favorecer exclusivamente a los que proporcionaron el pisto para la campaña. Los verdaderos beneficiarios del ejercicio del poder en Guatemala han sido históricamente esos financistas que invirtieron con el único propósito de asegurarse contratos a lo largo de todo un perí­odo presidencial y se ve que en el pago de esa factura hay absoluta diligencia. De nada sirve seguir denunciando el tráfico de influencias si no hacemos algo para cambiarlo y desafortunadamente no pasamos de quejarnos, de refunfuñar por la situación, sin llegar a la protesta enérgica que provoque los cambios que hacen falta.