El proceso de reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala es algo demasiado serio como para permitir que vaya a ser manoseado por esa aplanadora lograda por el oficialismo mediante la compra de votos con grupos inescrupulosos que se ponen en pública subasta para ofrecer sus votos en el pleno del Organismo Legislativo prácticamente para lo que quiera (y pague) el Gobierno.
La aprobación del Presupuesto a toda velocidad fue un acto absolutamente irresponsable, sobre todo si tomamos en cuenta que el dictamen de la comisión es voluminoso y que se trata de un instrumento complejo y hasta árido para entender, especialmente para diputados que no tienen ninguna formación académica adecuada. Pero al final de cuentas uno entiende que estaba en juego la consolidación del proceso de corrupción que tanto gusta a las actuales autoridades y por lo tanto en ese caso corrió dinero a manos llenas, ya sea mediante asignaciones en el listado de obras o mediante otras formas menos sofisticadas y más burdas para asegurar los votos.
Sin embargo, la Constitución de la República es, al menos para unos pocos ciudadanos, la Ley Fundamental que tiene que ser manejada con sumo cuidado y respeto, por lo que una aprobación a la carrera, fundamentada únicamente en esa compra de voluntades, sería una afrenta gravísima al pueblo y, por sobre todas las cosas, al Estado de Derecho en el país.
El Gobierno le apuesta a una aprobación rápida y luego a que los alcaldes del país movilicen su fuerza electoral local para asegurarse el aumento de asignación que les ofrece Pérez Molina como parte de la reforma con la intención evidente y clara de que ello se convierta en el gancho para forzar a que la autoridad municipal tenga un papel determinante en la ratificación de las reformas en la consulta popular.
Pese a que todos los constitucionalistas respetados y los juristas con algún conocimiento de las leyes coinciden en que no hay que reformar la Constitución, el Presidente quiere ir adelante con la reforma y, lo peor de todo, haciéndolo gracias al nivel de corrupción que hay en el Congreso porque sería eso lo que le facilitaría una aprobación rápida y sin discusiones de la iniciativa que presentó y que contiene aspectos muy discutibles, entre ellos la forma en que se regula el poder judicial porque puede resultar un remedio mucho peor que la enfermedad.
Los guatemaltecos tenemos que exigir al Presidente que cumpla su juramento de respetar y hacer que se respete la Constitución y no habría mayor falta de respeto que usar votos comprados con sobornos para manosear nuestra Carta Magna.
Minutero
Sería una barrabasada
reformar la Constitución
recurriendo a una payasada
cimentada en la corrupción