El Consejo de los Pueblos Maya y Xinca pretende denunciar al Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando que la Corte de Constitucionalidad dejó sin lugar una acción planteada por la coalición, que representa a varias organizaciones indígenas y campesinas, contra la Ley de Minería.

El Consejo acusa de supuestas violaciones a los derechos humanos y a las consultas comunitarias por el Gobierno y el Ejército, ante la oposición de las comunidades rurales a la implementación de proyectos de minería e hidroeléctricas en distintas regiones del país.

Mientras algunos sectores industriales avalan cambios a la ley minera en Guatemala, otros consideran que no hay soluciones a la conflictividad social y el impacto ambiental que presuntamente estas actividades provocan.