El Comité de Unidad Campesina (CUC) denunció que el Gobierno no ha cumplido los compromisos adquirimos con las familias desalojadas del Valle de Polochic, en 2011, así como las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictará a favor de éstas.

El CUC denunció que el gobierno se comprometió, luego de la Marcha Indígena, Campesina y Popular de marzo de 2012, a entregar en noviembre pasado terrenos a las primeras 300 familias desalojadas; en este año se beneficiaría a otras 300 y para el 2014 se darían tierras a otras 200 familias, pero no se ha cumplido.

Asimismo, señaló que el Ejecutivo ofreció fincas no productivas y aunque las familias ubicaron terrenos adecuados, la Secretaría de Asuntos Agrarios se desentendió del proceso y lo trasladó al Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ), donde se enfrentaron atrasos y evasión de responsabilidades.

En marzo del 2011 el gobierno de Álvaro Colom desalojó violentamente a 14 comunidades Q´eqchi’s en el Valle de Polochic; en junio de ese año la CIDH emitió medidas cautelares en cuatro aspectos fundamentales, alimentación, salud, albergue y seguridad.

La organización campesina manifestó que el Presidente Otto Pérez Molina entregó únicamente en dos ocasiones alimentos a las familias y desde entonces la seguridad alimentaria, la salud de los desalojados, entre estos los que resultaron heridos, el albergue y la seguridad física no han sido garantizados.

El CUC exigió que se defina cuál será la institución de gobierno que se encargará de concluir el proceso de la otorgación de tierras a las familias desalojadas y que se cumplan las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, hasta que las personas afectadas puedan establecerse e iniciar la producción de sus alimentos.

Leocadio Juracán, dirigente del CUC, expresó que si el Estado desea garantizar la soberanía alimentaria del país, debe promover condiciones mínimas de desarrollo y que se revierta el modelo del capital que busca explotar a la población.

Asimismo, Juracán mostró su rechazo al aumento al salario mínimo, ya que es un 5 por ciento, que si realmente se cumpliera, cubriría únicamente el 50 por ciento del precio de la canasta básica.