El Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Servicios de la Educación de Guatemala, (STASEG) demandó al Estado, ante el Juzgado Tercero de Trabajo y Previsión Social, porque no ha hecho efectivo el pago de ajuste salarial mínimo, decretado en los últimos cuatro años (2003-2007), para ser devengados por trabajadores de la administración pública.
lahora@lahora.com.gt
Samuel Aguirre, secretario general del STASEG, afirmó que a pesar que el Gobierno de la República, a través de acuerdos gubernativos, dispone el incremento, ningún trabajador administrativo y operativo ha recibido tal dinero desde 2003. «El Estado ha incumplido con ajustar nuestros salarios», dijo Aguirre.
Por tal razón, en octubre de 2007 presentaron la denuncia formal en el Juzgado Tercero de Trabajo; sin embargo, por motivo de vacaciones, el juzgado fijó un compás de espera a los demandantes, para que fueran atendidos hasta febrero del siguiente año.
En el segundo mes de 2008 tuvieron la primera vista pública, donde estuvieron representantes de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y del sindicato, empero vieron nuevamente frustrado el avance del proceso debido a la destitución de Mario Gordillo, como PGN, por lo que debían prorrogarlo.
«El juzgado nos notificó que el juicio se retomará en junio, entre el 16 y el 20, donde se realizará otra vista pública, allí entraremos en mayor detalle de la demanda. Aunque debemos esperar que resuelvan una apelación que hizo la PGN», dijo Aguirre.
Sin embargo, el dirigente de los demandantes tiene la certeza de vencer. «Estamos seguros de ganar la demanda, porque se violaron los acuerdos gubernativos que el mismo Estado ha decretado», recalcó.
De declarar con lugar la demanda, el Estado deberá pagar los reajustes salariales decretados a 4 mil trabajadores administrativos y operativos del Ministerio de Educación (Mineduc).
Piden aumento
El STASEG pidió al Mineduc que se incremente el bono de antigí¼edad en 25% del salario base, el bono vacacional en 50% anual y que todos los bonos que reciben durante el año, sean agregados al salario.
Esto, según Aguirre, debido a que los trabajadores administrativos no obtuvieron ningún beneficio del Pacto Colectivo signado en abril, entre la dirigencia magisterial y autoridades educativas.
Sin embargo, las solicitudes no encontraron eco, pues la cartera educativa las rechazó terminantemente, argumentando que esa decisión únicamente le corresponde a la Oficina de Servicio Civil y la Comisión de Finanzas del Congreso.