Por daños y perjuicios ocasionados tras la muerte de los cuatro investigadores de la Dinc, sindicados de asesinar a tres diputados del Parlacen, la defensa de los fallecidos demandará al Estado de Guatemala y pedirá el pago de Q10 millones en concepto de resarcimiento.
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De acuerdo con lo informado por la abogada Amanda Salazar, la petición se hará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que deberá evaluar las pruebas que argumentan la solicitud.
«Estoy a la espera que los familiares de los fallecidos me envíen los documentos para iniciar las diligencias en torno a la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Guatemala. Se pedirá el pago de Q10 millones por los daños y perjuicios ocasionados por la muerte de los policías, porque el asesinato de los investigadores fue de lo peor y se debe explicar lo sucedido», refirió la abogada Salazar.
Los familiares de los agentes fallecidos consideran que los empleados públicos que estaban a cargo de la seguridad y protección de los asesinados, facilitaron los medios para que se cometiera el crimen.
Los integrantes de la División de Investigación Criminal (Dinc), Luis Herrera López, José Gutiérrez, Marvin Escobar y José Korki López, fueron asesinados en el interior de la cárcel El Boquerón el 25 de febrero de 2007.
De acuerdo con el informe médico forense entregado al juez noveno de primera instancia penal, Nery Medina, los elementos de la PNC fallecieron producto de heridas con arma blanca y disparos de arma de fuego.
«El Sistema Penitenciario envió informe donde aclaró la decisión de enviar a los procesados a El Boquerón, así también se describe las causas de la muerte de los policías. Estamos a la espera que el Ministerio Público estime lo conveniente en relación a ese caso, tendrá que analizar en cuanto al cierre del proceso por fallecimiento de los sindicados», aseveró el juez Medina.
El jurista también informó en relación a la solicitud presentada por la defensa del investigador del Dinc, Marvin Contreras Natareno, quien pidió al juzgador la reforma del delito que lo mantiene tras las rejas de la cárcel, luego que el MP lo considera como sospechoso del crimen en contra de los diputados salvadoreños.
«La defensa solicitó una apelación especial para que a su patrocinado se le reforme el delito, ya que considera que no existe razón para que su cliente se encuentre detenido», refirió.