El gobierno federal de Estados Unidos interpuso ayer una demanda para impugnar la ley de inmigración de Utah por la presunta usurpación de facultades federales en el ámbito migratorio, en una decisión que fue encomiada por México.
El Departamento de Justicia presentó la querella en la corte federal de distrito en la capital de Utah, Salt Lake City, por considerar también que la legislación podría provocar el hostigamiento y detención de estadounidenses y de visitantes autorizados.
«Un remiendo en las leyes de la inmigración no es la respuesta y solamente creará más problemas en nuestro sistema de inmigración», advirtió el secretario de Justicia, Eric Holder, en un comunicado. «El gobierno federal es el principal salvaguarda de las leyes de la inmigración. Es a todas luces inconstitucional que un estado fije su propia política de inmigración», agregó.
La demanda fue presentada después de varios meses de negociaciones entre los abogados del Departamento de Justicia, el representante legal de Utah, Mark Shurtleff, y las autoridades elegidas del estado. Los funcionarios federales dijeron que tienen previsto continuar con las conversaciones pese a la medida judicial.
En la demanda participan además otros organismos federales como los departamentos de Seguridad Nacional y de Estado.
El gobierno de México celebró la impugnación estadounidense porque, dijo, la ley conlleva el riesgo de infringir los derechos humanos de los mexicanos.
«La (ley llamada) HB497 criminaliza la migración y abre espacios para la posible aplicación indebida de la legislación por parte de autoridades locales», señaló la cancillería en un comunicado. «De entrar en vigor, podría afectar los derechos humanos y civiles de los mexicanos que habitan o visitan esa entidad (estado)».
Las autoridades estatales confían todavía en que, pese a la acción federal, la legislación terminará siendo ratificada.
«La legislatura hizo un trabajo diligente en la elaboración de una ley que aprobase un estudio constitucional», dijo la vocera del gobernador Gary Herbert, Ally Isom. «Esperamos que los tribunales hagan lo correcto».
La ley de Utah, que Herbert promulgó en marzo, obliga a las personas a demostrar su ciudadanía cuando sean detenidas por delitos graves, que van desde ciertas infracciones por drogas hasta el homicidio. También le concede a la policía el criterio de revisar la ciudadanía de las personas involucradas en faltas viales y en otros ilícitos menores.
Para el 2 de diciembre está prevista una audiencia sobre la ley, que fue impugnada por segunda vez.
Pero esa sesión podría ser demorada por la querella federal, estimó el abogado general del Centro Nacional sobre la Ley de Inmigración, Linton Joaquin. Ese centro y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) llevan la demanda original contra el estado.
Varios grupos defensores de los derechos civiles interpusieron una querella a principios de año, y un juez federal otorgó en mayo una orden de protección temporal contra la ley HB497.
El sistema judicial de Utah fue parte de un paquete de reforma en la inmigración que incluía un programa para permitirle a los inmigrantes sin autorización pero con trabajo que vivieran y laboraran en el estado. Las autoridades federales también afirman que ese plan es inconstitucional, pero se abstuvieron de impugnarlo porque entraría en vigencia hasta el 2013.
Otros tres estados —Arizona, Carolina del Sur y Alabama— han aprobado rigurosas leyes en los dos últimos años que han sido demandadas por el Departamento de Justicia. Este departamento analiza aún las legislaciones similares aprobadas este año en Georgia e Indiana.