El marco jurí­dico actual no permite que algunas personas capturadas sean juzgadas por un caso especí­fico. Delitos como la extorsión no entra en un decreto que tiene 36 años.

«Extorsión» es ya una palabra de moda que a miles de familias les vino a invadir su tranquilidad, al verse acosadas diariamente por esa práctica delincuencial, la que también vino a trastocar y le sigue arrebatando de tajo parte de su patrimonio y otras veces la vida.

La extorsión se parece a un tornillo que no termina de apretar, pero que daña moral y materialmente a las personas. Las voces de las ví­ctimas se alzan, la de los delincuentes arrecian y la de los expertos difieren o en ocasiones se ignoran.

El tema fue consultado para saber un poco más sobre si la Ley vigente es necesaria o las reformas al Código Penal determinantes para frenar o castigar con severidad ese fenómeno, si se vislumbra que seguirá siendo cosa común o bien una decisión justa y urgente.

En el Congreso de la República, casi en todos los años se han promovido iniciativas que buscan reformar el Código Penal que, desde 1973 -hace 36 años-, determina la materia de los delitos, penas y medidas de seguridad que se deben aplicar a quien viole la ley.

DELITOS

Luis Fernández Molina, Magistrado Vocal Segundo, opinó que son necesarias las reformas al Código Penal porque, a su criterio, hay delitos de tipo penal que están desperdigados o extendidos, entre ellos narcotráfico, contrabando, lavado de dinero que deberí­an estar incorporados en un mismo cuerpo, que serí­a el Código Penal.

«Hay figuras delictivas que están en la frontera del delito pero no tipificadas, una de ellas es la extorsión que practica el crimen organizado y que atenta contra la libertad y seguridad personal, delito que sí­ hay que incluirlo», apuntó.

«(La extorsión) es pariente, por decirlo así­, de la figura de amenazas y de la figura también patrimonial, porque esas amenazas o extorsión llevan un fin patrimonial», puntualizó Fernández Molina.

PARCHES

Para el diputado Oliverio Garcí­a Rodas, hacer reformas o crear nuevas figuras dentro del Código Penal ya fue suficiente, porque si se quiere resolver el tema de la legislación penal en el paí­s, debe la Corte Suprema de Justicia hacer un esfuerzo y presentarle al Congreso un proyecto completo de un nuevo Código Penal.

«No es solamente la extorsión, sino que hay una serie de delitos que antes no era posible concebirlos, y que ahora hay, por ejemplo, las estafas o los fraudes a través de los medios electrónicos, los delitos societarios, los delitos en materia de legislación laboral, porque son hechos no contemplados en la legislación», insistió.

SOBRELEGISLAR

El criterio del legislador Aní­bal Garcí­a coincide con el que las leyes en materia penal están dispersas; por ejemplo, en leyes especiales como narcotráfico, y que deberí­an estar unificadas en un solo cuerpo.

Es necesario hacer una revisión y actualizar la ley penal sobre la que los parlamentarios tomaran en serio el tema para unificar y agregar el tema de mareros; las extorsiones, el crimen organizado, la portación de armas en forma escandalosa, los delitos cometidos por funcionarios públicos, han sido figuras que con el tiempo se han ido perfeccionando.

El parlamentario dijo que si no se legisla con modernidad, siempre en materia penal va a existir el problema de fondo en que los niveles de violencia e impunidad en Guatemala serán graví­simos, porque hay que mejorar la responsabilidad en que incurrirí­an los jueces cuando no aplican la ley.

«En el caso del ex presidente Alfonso Portillo es increí­ble que el juez le haya dictado una medida sustitutiva cuando está probado que él anduvo huyendo durante mucho tiempo (…) El Código Procesal Penal es claro al señalar que no se otorga medida sustitutiva cuando hay peligro de fuga o cuando se obstaculiza la averiguación de la verdad. Sin embargo, el juez en este caso especial ignoró el precepto», ejemplificó Garcí­a.

REESTRUCTURAR

Jorge Mario Barrios Falla, primer vicepresidente del Congreso, opinó que el Código Penal tiene contenido valioso y debe ser conservado, por ello es partidario de una reestructuración. Agregó: «Debe ser parcial, porque el espí­ritu del Código Penal se sigue manteniendo hasta hoy como debe ser, sin embargo hay cosas que no son aplicables hoy por hoy».

De acuerdo con sus colegas, Barrios Falla comparte que las principales leyes en materia penal fueron alcanzadas y rebasadas por el delito. El paso del tiempo, la modernidad y la dinámica de la sociedad contribuyen a que la ley sea ineficaz.

MARCO MODERNO

Sergio Morales, procurador de Derechos Humanos (PDH), consideró que Guatemala debe modificar su marco legal que gobierna a la sociedad cambiante, porque las leyes ya no responden a la realidad nacional e internacional.

Además apuntó que todo ese marco legal deberí­a ser revisado por los encargados del tema penal y la parte legislativa, entre ellos el Código Procesal Civil, que sigue teniendo grandes vací­os legales que no garantizan la justicia pronta como deberí­a ser, opinó.