Uno de los argumentos más consistentes de la Audiencia Nacional de España al decidirse a dictar la orden de captura internacional en contra de los guatemaltecos acusados de genocidio y otros delitos de lesa humanidad fue la evidente incapacidad del Estado de Guatemala para juzgar esos crímenes, sea por falta de capacidad o de voluntad para hacerlo. Y es que el nuestro es el paraíso de la impunidad en donde nunca se logran resultados concretos frente a los casos más importantes de delito, lo que de alguna manera obliga a pensar que no es posible que en la defensa de nuestra soberanía, simplemente dejemos las cosas en el limbo.
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Si la Corte de Constitucionalidad cree imperativo defender la soberanía del país frente a la decisión unilateral de España de ejercer una jurisdicción universal para conocer de casos de delitos como el genocidio y otros de lesa humanidad, los guatemaltecos también debiéramos exigir por todos los medios legales que esa cacharpa que es el Ministerio Público haga algo, que no deje que esos crímenes queden en el olvido y que nadie sea responsable de las atrocidades cometidas durante el conflicto armado interno. Porque a la larga la razón para que alguien acuda a buscar en el extranjero la justicia es porque aquí no existen mecanismos idóneos para su administración correcta y todo principia porque la labor de Fiscalía no se ejercita con propiedad ni para investigar, mucho menos para acusar a los responsables.
No cabe duda que en el marco actual, lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad constituye un extraordinario aguinaldo de impunidad a favor de quienes están acusados de haber incurrido en serios excesos durante la confrontación bélica porque lo único absolutamente cierto y seguro es que en Guatemala no hay autoridad capaz de realizar el trabajo que conforme a la ley habría que hacer para deducir las responsabilidades del caso. Y humana y legalmente hablando no puede aceptarse esa situación de inacción para juzgar a quienes son acusados de la comisión de delitos de tanta gravedad.
No quiero ni siquiera prejuzgar sobre si los encartados son culpables o no de la comisión de los delitos, pero indudablemente que habiendo una acusación como la que han presentado guatemaltecos ante las autoridades judiciales en España, lo menos que debiéramos esperar es un juicio justo en el marco de nuestra propia legislación. En la medida en que la sentencia de la Corte de Constitucionalidad se convierta en un carpetazo para cerrar definitivamente los casos por la inacción, por falta de capacidad o de voluntad de las autoridades guatemaltecas, se está dando un caso de evidente burla a la justicia.
Un Estado incapaz de administrar correctamente la justicia, al extremo de que no sólo no produzca condenas sino porque ni siquiera es capaz de llevar a juicio a los acusados de haber cometido delitos graves, es evidentemente un Estado fallido en el que, a la luz de las circunstancias, hablar de defensa de la soberanía equivale a comer mierda y eructar pollo. Si tanto nos preocupa nuestra dignidad como estado soberano, adoptemos posturas coherentes para exigir a nuestras autoridades que cumplan con su elemental deber de administrar justicia y no usar esa autoridad simplemente para garantizar de manera absoluta el régimen de impunidad.