Alemania espera aprovechar la presidencia de la Unión Europea (UE), que ejerce hasta finales de junio, para proponer que el revisionismo y el negacionismo del Holocausto sean considerados delitos en toda Europa, pero esta cuestión divide a los 27 países miembros.
«Lo que nos preocupa es el aumento de la actividad y de los actos de violencia de los extremistas de derecha de un país a otro en Europa», explicó a comienzos de enero la ministra alemana de Justicia, Brigitte Zypries, para fundamentar su proyecto.
Alemania, que para abjurar de su pasado nazi no cesa de repetir su «deber histórico particular», espera hacer todo lo necesario para «establecer finalmente criterios únicos a nivel europeo en la lucha contra el extremismo de derecha», agregó la ministra.
Zypries recibió el viernes pasado el respaldo moral de Naciones Unidas, que adoptó por unanimidad una resolución condenando sin reservas toda negación del Holocausto.
En Europa, si es adoptado el proyecto, los textos revisionistas podrían en el futuro ser pasibles de una pena de hasta tres años de prisión.
En cambio, Alemania, donde la negación del Holocausto ya es un delito, no tiene intenciones de prohibir la cruz gamada. La comunidad hindú, muy presente en Gran Bretaña, expresó su consternación argumentando que la esvástica es uno de sus principales símbolos.
Este proyecto alemán, que será debatido el 19 y 20 de abril durante una reunión de los ministros de Justicia en Luxemburgo, podría tener algún eco en el Parlamento Europeo, donde por primera vez desde hace años la ultraderecha posee nuevamente un grupo parlamentario: «Identidad, Tradición, Soberanía» (ITS).
Este grupo eligió además como presidente al número dos del Frente Nacional francés, Bruno Gollnisch, condenado a tres meses de prisión con pena en suspenso por sus controvertidas declaraciones sobre las cámaras de gas ante la prensa en octubre de 2004.
En Francia, la negación del genocidio judío es penada por la «ley Gayssot» de 1990, que prevé una pena de un año de prisión y 45.000 euros de multa.
El universitario francés Roger Faurisson, quien reitera desde hace 30 años que las cámaras de gas no existieron jamás en los campos de concentración nazis, fue el primero en caer bajo el peso de la ley, en 1991.
«Pretender que las cámaras de gas no existieron jamás es un insulto a los muertos y a los vivos. Es indecente», estimó el historiador alemán y superviviente del Holocausto Arno Lustiger, defensor del proyecto.
Sin embargo, se ignora si la presidencia alemana logrará obtener la unanimidad de los 27 Estados miembros, necesaria para adoptar dicho proyecto.
Dos iniciativas precedentes en tal sentido fracasaron, la última hace dos años, debido a la oposición de Italia.
El gobierno italiano renunció finalmente el viernes a convertir el negacionismo del Holocausto en un delito, debido a las críticas formuladas por historiadores, aduciendo la defensa de «la libertad de las investigaciones históricas».
Los defensores del proyecto alemán se encuentran confrontados a una paradoja que resume así Beate Rudolf, experta en derecho europeo de la Universidad Libre de Berlín: «Para promover un derecho humano fundamental, usted debería limitar la libertad de expresión, que es asimismo un derecho humano fundamental», explicó.
Algunos países se opondrían a este proyecto, especialmente en los que está previsto el principio de la libertad de expresión. Este es el caso, por ejemplo, de Gran Bretaña, Dinamarca o Suecia.
Finalmente, algunos países del antiguo bloque soviético podrían exigir que los crímenes cometidos bajo el período comunista sean integrados en el proyecto alemán.
En Polonia, por ejemplo, una ley adoptada en 1998 prevé una pena de hasta tres años de prisión para «quienes nieguen públicamente y menospreciando los hechos, los crímenes nazis y comunistas cometidos entre el 1 de septiembre de 1939 y el 31 de diciembre de 1989».