El dictamen de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales tipifica el delito y establece penas de cárcel de cuatro a 10 años y multas que llegan a los Q500 mil. La propuesta alcanza a contratistas del Estado.

Luego de varios años de estar en discusión, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales emitió dictamen favorable a un nuevo proyecto que unifica propuestas anteriores relacionadas al tema de enriquecimiento ilícito, ahora conocido como Ley contra la Corrupción.

El proyecto entregado a la Dirección Legislativa para que sea conocido en el pleno, establece varios delitos tales como el de testaferro; tráfico de influencias, malversación, fraude y abuso de autoridad, entre otros.

En el caso del enriquecimiento ilícito, se establece que el delito lo comete “quien ejerza funciones públicas y que obtenga para sí mismo o para cualquier persona un beneficio patrimonial”, reza el artículo 31 del proyecto. En el que también se establecen sanciones con penas de prisión de cinco a diez años y multas de Q50 mil a Q500 mil.

Este ilícito además alcanza a los particulares, así lo constituye el artículo 32 donde establece que incurre en este delito quien sin ser funcionario o empleado público administre, ejecute o maneje fondos públicos y obtenga beneficio patrimonial. Las sanciones las establece con penas de prisión de cuatro a ocho años y multas de Q50 mil a Q500 mil.

El diputado José Gándara, quien integra la sala de trabajo, señaló importante incluir este tema. “Para que haya corrupción hay dos vías, el funcionario que está manejando los recursos públicos y las personas de la iniciativa privada que de alguna manera propician la corrupción… la ley debe ser pareja para todos”, resaltó el congresista.

En el dictamen la comisión consideró que la corrupción es un fenómeno criminal complejo que constituye los cimientos para la ineficiencia e inoperancia del aparato estatal. Por ello, es pertinente que se incorporen nuevos tipos penales.

“Esta ley es bastante completa, será la prueba de fuego para la administración actual, ya que así como quisieron pasar la ley de actualización en pocos días lo mismo debe pasar con este proyecto pues es la otra cara de la moneda”, destacó el diputado Alejandro Arévalo.

SANCIONES ESTABLECIDAS

El proyecto establece en el caso de abuso de autoridad, de quien sacando provecho de su cargo ordena o permite actos ilegales en perjuicio de la administración pública. La prisión va de uno a tres años y multas de hasta Q20 mil.

En el caso del delito de malversación se establecen sanciones de prisión de hasta seis años y multas de Q20 mil a Q50 mil. El tráfico de influencias se establece como aquel que abusando de su derecho de petición influye en un funcionario.

El responsable de ese delito será sancionado con prisión de dos a seis años e inhabilitación especial. El fraude también es contemplado y se fijan penas de prisión de cinco a diez años. El proyecto fue entregado a la Dirección y será decisión de los jefes de Bloque definir cuándo discutirla en el pleno del Congreso.

Arévalo considera que este tema será el termómetro de los diputados para saber qué tan comprometidos estamos con la transparencia. “De nada sirve aprobar más recursos para el Estado si cada vez hay mal uso y corrupción”, resaltó Arévalo.

LEYES DE TRANSPARENCIA MEJORADAS

Ayer representantes de distintas bancadas que integran la Comisión Legislativa por la Transparencia coincidieron en la necesidad de mejorar las propuestas del Ejecutivo ya que eran demasiado débiles. La Sala presentó el análisis a las reformas de la Ley de Contraloría, no sin antes fortalecerla puesto que la forma como fue entregada por el Ejecutivo dejaba con “dientes de cartón” a la Contraloría tal y como se quejó meses atrás la titular de la entidad, Nora Segura.

“Mejoramos el campo de acción y fiscalización”, señaló ayer el presidente de la Comisión, Amílcar Pop. Los proyectos del Ejecutivo también incluyen reformas a la Ley de Servicio Civil y del Organismo Legislativo, así como a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.