Entrar a formular consideraciones respecto a este tema, en los actuales momentos y con las acciones y reacciones de los principales involucrados ?gobierno central y municipalidad capitalina?, es polémico pero necesario. Polémico y, además, pasional dada la tónica de los editorialistas de dos matutinos ayer, en los que evidentemente hay un afán tendencioso en contra del Alcalde capitalino.
Quien me ha hecho el favor de su lectura, en mis 14 años de columnista, habrá de saber a estas alturas que NO comparto en mucho el desenvolvimiento de la administración edil de la capital, pues aun y con al menos dos nombres partidarios diferentes, el equipo humano ha sido prácticamente el mismo durante los últimos 22 años, y NO han tenido la capacidad de encarar adecuadamente los principales problemas de la capital.
Pero para hablar y escribir de este tema en particular es necesario poner en claro algunas cuestiones previas. En primer lugar el gobierno central del propio Arzú, ACERTADAMENTE reconoció en 1997 y lo concretó en 1998, que tanto el tema del tránsito como del transporte, son competencias para las que desde la óptica del gobierno nacional se es INCOMPETENTE. Por ello se dio inicio al traslado de tales competencias a los gobiernos locales.
Nos hemos quejado muchas veces de los agentes de Emetra en Guatemala, de los de Mixco y de los otros municipios adyacentes, que paulatinamente se han ido creando a partir de 1998, por un proceder que ha caído en lo arbitrario. Además es una debilidad de todo el cuerpo de agentes de las policías municipales de tránsito que su labor se limite a un horario principalmente diurno, con énfasis en las horas pico y que si su presencia se da a «altas horas de la noche», no es con el propósito de viabilizar el egreso de la ciudad a los «municipios dormitorio», es bajo otras motivaciones.
También es cierto que la red vial metropolitana y conurbana se encuentra hasta el tope. Que el crecimiento urbano ha sido sin planificación y en consecuencia caótico. Que se ha optado por la vía de descongestionar un punto para trasladar el problema a las áreas circunvecinas. Que hace falta mucho por hacer. Eso es incuestionable. Pero en este tema eso y más son parte de un conjunto de aspectos que ameritan ser analizados en toda su dimensión y no partiendo de reflexiones parciales y sesgadas.
La última de las regulaciones emitidas por la Corporación Metropolitana en cuanto al transporte pesado data del cinco de marzo de este año. Y de pronto, sin agotar las instancias reguladoras del desenvolvimiento del ente munícipe, en tanto ente público, los pilotos transportistas se fueron a las medidas de hecho. Apoyados nada menos que por sus propios patrones. El tinte electoral ha sido más que obvio. ¿Y el gobierno central cayó en la trampa o fue cómplice?
Ahora el tema será dirimido por la Corte de Constitucionalidad. ¿Los magistrados resolverán con celeridad y diligencia o caerán en el marasmo como en el que cayeron ante la acción interpuesta por las inconstitucionalidades de la Ley del Registro Nacional de las Personas, interpuesta el diez de mayo de dos mil seis por la Asociación Nacional de Municipalidades y aún sin resolver? Otra situación por estallar.
El hecho es que el acuerdo ministerial publicado el pasado lunes como resultado de las «negociaciones-transacciones» entre el gobierno central y transportistas era innecesario para buscar los propósitos que expresa el mismo. El hecho es que esa publicación es una regulación que modifica otra contenida en un acuerdo gubernativo, por lo tanto es nula, ya que es de inferior jerarquía. Pero para solicitar lo en ella contenida, repito era innecesaria su publicación. Por lo tanto dicha publicación cae en el campo de las concesiones políticas. Eso es muy peligroso pues alienta otras formas de impunidad.
Si en 1998 se trasladaron las competencias propias del transporte y tránsito vehicular a los gobiernos locales, poco o nada ayuda en la certeza jurídica del desenvolvimiento de lo público que ahora se restrinja tal competencia con normas de menor jerarquía que las que originaron la concreción del traslado de tales competencias. Por lo tanto, la regulación del transporte pesado en tanto no se hayan modificado legalmente las normas que lo rigen, es una competencia municipal. Esa restricción en efecto atenta contra la autonomía del municipio. Un error más de la actual administración del gobierno central o nacional que con ello le sirve en bandeja de oro la futura ganancia al alcalde Arzú. ¿Quién habrá provocado la «crisis»? ¿Por qué ahora?