Vestida de marinerita, Ada mira noticias a la espera de clientes en la marisquería donde trabaja, vacía como muchos sitios comerciales desde que hace tres meses el golpe de Estado tumbó la economía hasta hacerla caer un 4% este año.
Ada Moltalbán, de 46 años, mantiene a sus cuatro hijos con su salario de 289 dólares al mes. «Me ayudo con las propinas, pero nadie viene y tengo miedo que me despidan. Siempre los pobres somos los más afectados», dice.
Honduras vive una compleja crisis política tras el golpe que derrocó el 28 de junio al presidente Manuel Zelaya, cuya restitución exige la comunidad internacional presionando al régimen de facto con medidas como el congelamiento de préstamos y fondos de cooperación.
La angustia de Ada no es gratuita. El conflicto se sumó al efecto de la crisis económica internacional y dejan en total 180.000 desempleados este año, según dato oficial, en un país con el 40% de desocupación y subempleo de una fuerza laboral de casi 3,5 millones.
Zelaya, un ganadero que durante su mandato giró a la izquierda y se alió con el venezolano Hugo Chávez, aumentó en 60% el salario mínimo -el que ahora gana Ada-, lo que impactó en las empresas, principalmente las pequeñas y medianas.
«Ya teníamos la crisis internacional y este conflicto nos tiene peor. Para no deprimirnos, preferimos no hacer cuentas», declara a la AFP Adolfo Facussé, líder de los empresarios y aliado del régimen golpista.
El Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh) prevé este año un severo decrecimiento de la economía de 4% -tras crecer 4% en 2008- y el exiliado gobernador del Banco Central, Edwin Araque, estimó una caída de 3%.
«La situación de Honduras no tiene precedentes, 2010 será aún más difícil. Independientemente de que estén tratando de resolver la crisis política, la económica está y queda», opina el coordinador del Fosdeh, Mauricio Díaz.
La venta de vehículos nuevos bajó 60%, según los empresarios. Los toques de queda decretados por el régimen de facto de Roberto Micheletti afectaron los negocios, provocaron recortes de personal en bares, restaurantes y hoteles, algunos de los cuales reportan niveles de ocupación del 30% o menos.
«Eramos pobres, ahora somos miserables. Están cerrando muchos negocios. Cada día vengo con miedo de encontrar la carta de despido, porque estamos trabajando con números rojos», asegura Filiberto, camarero del hotel sede de un diálogo de delegados de Zelaya y Micheletti.
Honduras es el tercer país más pobre de América y el impacto de las dos crisis amenaza con extender la pobreza al 70% de los 7,6 millones de hondureños y con bajar a ese nivel a 700.000 de clase media este año, según Fosdeh, una entidad no gubernamental.
Para peor ninguno de los seis candidatos presidenciales ha definido aún su programa económico, apunta el economista Julio Raudales, quien advierte que el ganador de las elecciones del 29 de noviembre debe crear las condiciones para buscar nuevos pactos con el FMI y otros organismos financieros que congelaron créditos.
El FMI condicionó a la estabilización política la reanudación de programas, al recibir un pedido del gobierno depuesto para que respalde la recuperación apenas retorne el orden democrático, Estados Unidos suspendió 30 millones de dólares de ayuda y la Unión Europea congeló 95 millones y la cooperación al desarrollo.
Según la ministra de Cooperación Internacional del gobierno de facto, Vicka Martell, se afectó un 30% de la colaboración y no es más porque «había sido negociada años antes», aunque España la retiró toda.
Trascendiendo fronteras, el conflicto hondureño traerá una reducción de inversiones extranjeras, turismo y comercio intrarregional, según Juan Daniel Alemán, secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana.
Ada dice no saber de cifras, mientras sigue recelosa el noticiero que informa lo último del diálogo: «El pleito de los políticos, los pobres lo sentimos en el estómago», se lamenta.
Dos líderes del movimiento por la restitución del depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya se manifestaron pesimistas hoy acerca de los resultados del diálogo con el gobierno de facto, que entraba en la recta final.
«Se ha avanzado un 90% en el acuerdo pero estamos seguros que la restitución (de Zelaya) no va a ser aceptado» por el presidente de facto Roberto Micheletti, expresó el asesor del mandatario depuesto, Rasel Tomé.
«Los golpistas no muestran ni la menor voluntad de aceptar la restitución del presidente», expresó por su parte el sacerdote Andrés Tamayo.
Tamayo y Tomé se encuentran en la embajada de Brasil, acompañando a Zelaya, desde que éste se refugió el 21 de septiembre en la legación tras volver subrepticiamente al país, luego de ser expulsado tras el golpe de Estado del 28 de junio.
Tomé dijo que «no hay señales de buena voluntad de los golpistas» y como ejemplo mencionó que el martes un juzgado dictó una orden de captura contra él, «en una clara persecución por lo que está pasando en Honduras».
Tomé es acusado de «abuso de autoridad» porque como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones asignó la frecuencia del Canal 8 de la televisión al gobierno de Zelaya.
El empresario Elías Asfura recurrió a la Corte Suprema y logró que ésta le concediera a él la frecuencia, pero el Canal 8 ha seguido en manos del ejecutivo y ahora es operado por el gobierno de facto.