Cuatro ex funcionarios, que actualmente se encuentran en prisión, comparten algunos aspectos en común: todos ocuparon algún cargo público durante el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), presidido por Alfonso Portillo, ahora prófugo, enfrentaron a la justicia y buscan actualmente salir de la cárcel.
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Los siguientes casos no sólo reflejan los hechos por los que fueron perseguidos, sino la dilación de algunos procesos en el Organismo Judicial (OJ).
IGSS, amparo por reenvío
El 26 de julio de 2005 dio inicio el juicio contra Carlos Wohlers, ex presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), por los delitos de peculado, abuso de autoridad, concusión y fraude. El Ministerio Público (MP) lo vincula con el desfalco de Q350 millones en dicha institución.
El 8 de agosto de ese mismo año el Tribunal Undécimo de Sentencia absolvió a Wohlers por considerar que no tenía responsabilidad en los hechos que le fueron imputados. La fiscalía presentó una apelación por dicho fallo, la cual fue declarada con lugar por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones ordenando el reenvío.
La defensa del también ex diputado por el FRG, presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esther Guerrero, abogada defensora de Wohlers indicó los tres puntos que busca con dicho amparo: «que restituyan el delito que se le imputa, que se le otorgue su libertad y que se declare la ilegalidad de repetir el juicio en su contra, según resolución de la Sala Primera».
La CSJ ha manejado cierto hermetismo en cuanto la resolución. Luis Fernández, presidente de la Cámara de Amparos, se ha limitado a responder que «sólo están pendientes las notificaciones», pero no ha adelantado sobre la sentencia.
SAT, apelación rechazada
Marco Tulio Abadío Molina, fungió como titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de 2002 a 2004. El Ministerio Público (MP) lo acusa de peculado, concusión, fraude y lavado de dinero.
Según el MP, Abadío malversó Q24.158 millones de dicha institución, a través del trasladado de fondos a empresas vinculadas y el nombramiento de personas afines y de su confianza en puestos estratégicos.
El 20 de abril de 2007, el ex superintendente fue condenado por el Tribunal Quinto de Sentencia a 30 años de prisión y el pago Q24 millones. La defensa de Abadío presentó una apelación a la anterior sentencia la cual fue rechazada por parte de la Sala Primera de Apelaciones, quien confirmó la sentencia emitida por los juzgadores.
Francisco Flores, abogado defensor de Abadío, presentó el 21 de enero último un recurso de casación el cual debe ser conocido por la cámara penal de la CSJ. «Con ese recurso buscamos que se declare la absolución porque en ningún momento se dan los supuestos del delito», expresó Flores.
La cámara penal deberá correr audiencia a las partes para que se pronuncien, a partir de dicha diligencia tendrá un plazo de quince días para emitir un fallo.
Gobernación, sin apelar
Byron Humberto Barrientos, ministro de Gobernación durante el gobierno de Portillo, fue capturado en 2004 y su juicio se inició el 7 de junio de 2005, mismo que se suspendió por una recusación interpuesta por la Fiscalía contra la Corrupción y la Procuraduría General de la Nación (PGN), contra los miembros del Tribunal Séptimo.
El ex ministro del interior fue acusado de los delitos de peculado y malversación de documentos privados por el desvío de Q81 millones en el ministerio a su cargo. En noviembre último los jueces condenaron a Barrientos a la pena de prisión de siete años por el primer delito y dos más por el segundo; además del pago de Q15 mil y multa de Q3 millones.
La defensa del ex militar no apeló la sentencia emitida por dicha judicatura, tampoco lo hizo el MP ni la PGN. Milton Miranda, quien actuó en defensa de Barrientos declaró que actualmente sólo pidió al Tribunal Séptimo que elevara el expediente al Juzgado de Ejecución para que se establezca si el ex ministro ya cumplió con su condena, recientemente impuesta.
Miranda agregó que su patrocinado lleva más de 3 años y ocho meses en prisión y que una vez sea elevada la causa al Juzgado de Ejecución, evaluará si solicita la redención de penas en favor de su defendido.
SCEP, «sentencia no jurídica»
Arturo Ignacio Salán Sánchez, hermano del ex subsecretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia durante el gobierno eferregista, fue capturado el 9 de noviembre de 2004, acusado (junto a su hermano) de la malversación de convenios de transferencia, valorados en Q 24.6 millones, entre la SCEP y la ONG, Bienestar Comunitario de Guatemala (Biencogua), vinculada a Ignacio Salán.
En 2005 inició el juicio contra los hermanos Salán, sin embargo quedó suspendido debido a una acción de prejudicialidad presentada por la defensa. í‰sta fue declarada sin lugar, reiniciándose el mismo en junio de 2006.
Una lluvia de recursos fue postergando los procesos a los que los hermanos fueron ligados. Finalmente el Tribunal Tercero condenó a diez años de prisión a Ignacio Salán Sánchez, por lavado de dinero y otros activos, además de la multa de Q 4 millones 665 mil 342 y la misma por responsabilidades civiles por los delitos de estafa propia y lavado de dinero. Su hermano continúa prófugo de la justicia tras pagar una fianza que posteriormente fue revocada.
Francisco García Gudiel, abogado defensor de los Salán presentó la apelación por motivos de forma y fondo, ésta fue planteada diez días después que la sentencia quedara en firme.
Gudiel argumentó en dicha apelación que hubo vicios en el procedimiento y los motivos de fondo «el veredicto no refleja lo que sucedió en el debate. Se trata de una sentencia no jurídica», expresó.