Ciertos protagonistas perversos, nefastos y de mente criminal que durante el conflicto armado ejercieron cargos públicos en los órganos y fuerzas de seguridad y represivas del Estado, tanto en el Ejército como en las distintas Policí­as, que se distinguieron por cometer graves abusos, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y crí­menes de lesa humanidad; ahora sienten pasos de animal grande, porque la justicia está empezando a llamarlos a rendir cuentas por genocidas, por torturar y desaparecer prisioneros, por ordenar o hacer ejecuciones extrajudiciales, por exterminar poblaciones enteras, por violar y torturar a mujeres y niñas, en fin, por perpetrar delitos contra los derechos humanos, que por si no lo saben, son delitos imprescriptibles en el tiempo y el espacio, o sea, ese tipo de delito puede ser juzgado en cualquier tiempo y lugar.

Esta subespecie de inhumanos despreciables está, en este momento, alborotando el gallinero, debido a que pasan del espanto provocado por la sorpresa de lo que nunca imaginaron, a la revancha como medio para remediar sus angustias, temores, pánico y culpa, porque saben que tienen las manos manchadas de sangre. Por eso, su conciencia no los deja tranquilos, las constantes pesadillas les interrumpen el sueño.

Están arrapados en grupos de veteranos militares contrainsurgentes y como toda hermandad que pregona espí­ritu de cuerpo, aseguran que actúan para mostrar  su inconformidad con el sistema de justicia  que se ha atrevido a iniciar  investigaciones y como resultado, encaminar acciones judiciales contra altos exoficiales de las Fuerzas Armadas y altos mandos policiales, que en algunos casos han terminado en sentencias condenatorias; inéditas en la historia judicial del paí­s.

Algunos esquiroles de esos grupos de exmilitares contrainsurgentes, han presentado denuncias ante el Ministerio Público, sindicando a 36 presuntos insurgentes de hechos y acciones relacionadas con secuestros y actos “terroristas”.

Uno de los que ha levantado el dedo acusador en contra de los presuntos guerrilleros, sostiene que las denuncias son un acto “polí­tico” dirigido en contra de la actual Jefe del Ministerio Público y Fiscal General, a quien señalan de estar promoviendo en forma deliberada las investigaciones dirigidas en contra de exoficiales militares y expolicí­as.

¡Mucho ojo y atención a ese anuncio!, eso me lleva a creer que puede tratarse de varias intenciones; ¿una nueva ola represiva anunciada?, ¿una advertencia intimidatoria contra jueces y operadores de justicia?, ¿un pulso entre la impunidad y la justicia?, ¿un arranque de macho viejo? o un estertor de poderes fácticos que sienten amenazados sus feudos e intereses.

Llama la atención que la activación de este tipo de acciones con tinte polí­tico y revanchista, encabezadas por exmilitares, ocurran en ví­spera de asumir el poder público un régimen oligárquico militar, presidido por un alto exoficial contrainsurgente; esa circunstancia hace pensar que existe una estrategia que intentará  por presión o, a lo mejor por la fuerza; impedir que se siga investigando y juzgando a quienes están comprometidos en violaciones a derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado.

Estos pobres seres, seguirán presentando denuncias, sea para desviar la atención, sea para hacer oí­r su voz, sea para intentar desprestigiar a los revolucionarios o,  para interferir en la justicia, mantener la impunidad y debilitar la gobernabilidad. Ya veremos.