El ancestral descuido de nuestro entorno natural nos está pasando la factura. Desde la persistente cadena de sismos, pasando por inusuales niveles de humedad atmosférica, la anegación de grandes extensiones habitadas y de cultivos, el desborde de siete importantes rí­os, deslaves más de 30 rutas vitales para la economí­a nacional y el simple tránsito de personas, se cobran la parsimonia que nos ha caracterizado a la mayorí­a por omisión, a unos cuantos en su falta de responsabilidad en el ejercicio del servicio público y a otros, los menos, como los principales promotores del voraz saqueo de nuestras riquezas naturales, los “inversionistas”.

En razón de lo anterior, dos grandes perspectivas predominaron en sendos editoriales de ayer lunes con ocasión de haberse decretado el estado de Calamidad, por las condiciones climáticas prevalecientes en los últimos dí­as. El primero, el del matutino Prensa Libre y su perspectiva electoral y el segundo sobre la corrupción que se ha evidenciado con la desnudez de tanta obra pública de pésima calidad, tal lo apuntado ayer en este vespertino.

El editorialista del matutino además de esbozar una valedera preocupación sobre el estado de las carreteras y su futura incidencia en la asistencia a las urnas para el próximo 6 de noviembre, advierte, sin embargo, de una manera más allá de la reflexión objetiva, la posible manipulación del estado de Calamidad al servicio de la candidatura del partido Lider. En este momento es más que conveniente pensar, sin inclinaciones maliciosas, si además de las condiciones de la red vial y de las escuelas (como centros de votación), es viable la celebración de las elecciones dentro de los 19 dí­as que restan para tal evento. El editorialista parece advertirle al Partido Patriota que no debe permitir que se posponga la fecha. Si la “tendencia” que fuera publicada por ese medio la semana pasada, se mantiene podrí­a «haber tiempo para que el segundo lugar alcance al primero». Entonces las consideraciones humanitarias del recién decretado estado de Calamidad debe subordinarse al interés polí­tico partidario, tal lo que se colige de la lectura de tal editorial. Aquí­ de nuevo se manifiesta un desprecio por la vida, bajo un aparente análisis de actualidad.

Por aparte, la Constitución Polí­tica nos dice que la función pública prescribe hasta transcurridos veinte años (Artí­culo 155: «Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos, podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de veinte años»).

En este momento entonces, es ocasión oportuna para revisar exhaustivamente la obra fí­sica que estuvo a cargo de los ministros de las administraciones de Jorge Antonio Serrano Elí­as, Ramiro de León Carpio, ílvaro Enrique Arzú Irigoyen, Alfonso Antonio Portillo Cabrera, í“scar Rafael Berger Perdomo y la administración actual de ílvaro Colom Caballeros. La corrupción no ha sido exclusiva de una administración en particular. Todos han sido, de una u otra manera, solidariamente responsables del saqueo del erario y de una obra pública cuya calidad brilla por su ausencia. Ya si el negocio fue hecho por ví­a de «respetables» empresas «privadas» o por las cuestionadas ONG, ahora es lo de menos. Hagamos entonces un adecuado ejercicio de fiscalización sin sesgos y parcialidades propios de los enemigos al gobierno del turno. Repito, todas las administraciones tienen su corresponsabilidad en el actual y caótico estado de cosas, con énfasis en la obra pública de mala a pésima calidad. Por ello y tal y como ayer se apuntó, ha de observarse la calidad futura del gasto, pero también es momento para deducir responsabilidades. Hagamos el recuento. En tanto a la fecha para la segunda vuelta, recordemos que el TSE se encuentra sumido en su propio remolino de descréditos, por tal debiera dar a conocer mediante un informe de daños, si para llegar a y los propios centros de votación con problemas son numerosos, serí­a aconsejable que a la brevedad indicaran si la fecha se mantiene o se pospone unas dos o tres semanas.

Lo fundamental se resume en: a) Hemos de privilegiar la vida humana por encima de cualquier pretensión electoral del momento. b) Se ha de fiscalizar en toda su extensión la obra fí­sica emprendida dentro del perí­odo de prescripción que establece la Carta Magna. Y c) Si se ha de posponer o no el evento el electoral es algo que debe ser anunciado a la brevedad; con datos, con cifras de los centros inhabilitados y sus ví­as de acceso.