El Juzgado Segundo del Ramo Penal dejó sin efecto todo lo actuado dentro del proceso en contra de Sandra Torres, exprimera dama de la nación, denunciada junto a siete personas más por un supuesto desvío de dinero en los programas de Cohesión Social en el gobierno de Álvaro Colom.
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La decisión de anular lo actuado dentro de la causa fue tomada por el juez Carlos Aguilar, luego de que el pasado 18 de octubre fuera confirmado por la Corte de Constitucionalidad (CC), como contralor del proceso.
De acuerdo con la información del juzgado, con dicha resolución pierde validez el arraigo decretado por la jueza Jiselle Reynoso, en contra de Torres y siete personas más, así como también se anula la petición del Ministerio Público (MP) de ligarlos a proceso.
Según la información, ahora la Fiscalía de Delitos Administrativos tiene la vía libre para pedir una nueva audiencia, donde el juez analice la posibilidad de ligar a proceso o no, a Torres y al resto de sindicados.
Mario Hernández, abogado de la otrora primera dama, manifestó que la investigación realizada por el MP no cuenta con ninguna evidencia en contra de su clienta, ya que nunca ostentó algún cargo público.
“No hay ningún tipo de responsabilidad, y tenemos que hacer valer nuestro derecho ante un juez imparcial, a efecto de darle elementos para demostrar que la licenciada es inocente y que no tiene ninguna responsabilidad”, indicó.
ANTECEDENTES
El proceso que se sigue en contra de Torres derivó de una denuncia presentada en abril del 2010 por la ahora vicepresidenta Roxana Baldetti, cuando era jefa de bancada del Partido Patriota (PP), por la negativa de la exprimera dama de presentar datos de los programas sociales Bolsa Solidaria y Mi Familia Progresa.
El caso estuvo en impasse desde el 13 de abril del 2012, cuando la jueza Jiselle Reynoso, del Juzgado Cuarto, declaró sin lugar la recusación que la defensa de Torres presentó, bajo el argumento de que la jurista había emitido opinión pública del proceso.
Por decisión de la Sala Tercera de Apelaciones el caso regresó en esa ocasión a la etapa donde el MP presentó las conclusiones de su investigación, por el supuesto desvío de dinero en los programas de Cohesión Social en el gobierno de su exesposo, Álvaro Colom.
El ente investigador señaló haber descubierto que Q113 millones destinados a dichos programas fueron transferidos de manera anómala. Por dichos hechos el MP la acusa de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, malversación y conspiración.
Junto a Torres fueron señalados siete exfuncionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), de la Cooperación Internacional de Desarrollo Local del Fonapaz, y de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.