El juez que escuchó los testimonios de genocidio en el país durante el conflicto armado, continúa siendo víctima de amenazas telefónicas.
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«Aló: te estoy hablando de un teléfono público. Dejá de estar escarbando el pasado porque te vas a arrepentir…», dijo una voz femenina del otro lado del auricular a Eduardo Jerónimo Cojulún, juez undécimo de Primera Instancia Penal.
La anterior fue efectuada a su celular cuando el juzgador ya no se encontraba en su oficina, ubicada en la Torre de Tribunales; sin embargo, Cojulún indicó que en horas de la madrugada (2 ó 3 a.m.) recibe llamadas similares a su número residencial.
Las amenazas iniciaron un día después que Cojulún resolvió improcedentes dos acciones planteadas por la defensa de íngel Aníbal Guevara, e iniciar así las diligencias de la comisión rogatoria solicitadas por España, consistentes en los testimonios de los sobrevivientes.
El 17 de abril de 2008 rindió su primera declaración uno de los 19 testigos que comparecerían ante el juez Cojulún en cuanto al proceso abierto contra genocidio y crímenes de lesa humanidad. Un día después iniciarían las amenazas contra el juzgador.
Rechazo
Mario Minera, director del Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), indicó: «como organización, condenamos y repudiamos esas presiones y hostigamientos contra el juez, que basado en el principio de reciprocidad dio trámite a la solicitud de la comisión rogatoria».
Minera refiere que las llamadas telefónicas provienen de sectores que se sienten «aludidos» con la causa que el juzgador conoce, y cita como ejemplo a «los implicados en los hechos de genocidio en el país», y agrega que existe un grupo que busca que ese tipo de crímenes no sean esclarecidos.
El activista de derechos humanos insistió en que dichas amenazas vienen de sectores «ligados a ese proceso».
Cojulún por su parte indica que el Ministerio de Gobernación ha tomado medidas para su seguridad, sin embargo no son óptimas.
Denuncias
El Organismo Judicial ha recibido más de 40 denuncias por amenazas contra jueces y otros operadores, sólo en lo que va del año; las cuales se dan principalmente contra jueces de Paz.
En el Ministerio Público se registran 19 denuncias de amenazas contra diferentes fiscales; la entidad sugiere hacerlas públicas.
En enero de 2008, Cojulún denegó un amparo a dos militares sindicados de la desaparición forzada de cinco pobladores de la aldea El Jute, Chiquimula; los ex comisionados fueron enviados a juicio en esa judicatura.
La investigación por el anterior caso fue iniciada por el Procurador de los Derechos Humanos, por medio de un procedimiento especial de averiguación, logrando vincular a Salomón Maldonado Ríos, Gabriel ílvarez Ramos y Domingo Ríos Maldonado, comisionados militares de la citada región en 1981, así como al entonces coronel Marco Antonio Sánchez.
Los anteriores son procesados por los delitos de plagio y secuestro, detención ilegal y violación a los derechos de la humanidad, los cuales constan en la investigación del PDH, cometidos contra Jacobo Crisóstomo Segí¼én, Inocente y Valentín Gallardo Crisóstomo, Antolín y Santiago Crisóstomo Rivera y Miguel íngel y Raúl Segí¼én Crisóstomo, el 19 de octubre de 1981.