La Amazonia brasileña pierde cada año un territorio equivalente a más de un tercio de Bélgica por el avance de las actividades ilegales que la acosan: la pecuaria, el cultivo de soja y la tala, mientras el mundo debate la alarmante contribución de la deforestación de los bosques tropicales al calentamiento global.
La alarma en Brasil se disparó en 2004, cuando la deforestación alcanzó el pico histórico de 27.429 km2 (casi el territorio de Albania).
El gobierno adoptó un duro plan y la deforestación amazónica se redujo 59% en tres años.
Pero las dramáticas operaciones policiales, el uso de satélites, el aumento de multas y penas, y la creación de millones de hectáreas de parques no fueron suficientes, y al inicio de este año la deforestación repuntó de nuevo, atribuida a los altos precios que alcanzaron la soja y la carne que llevaron a talar para cultivar y criar ganado.
«La lucha contra la deforestación enfrenta dos grandes problemas: la falta de presencia del Estado (en una región tan vasta y aislada) y la de mecanismos económicos suficientes para incentivar actividades no destructivas», explica a AFP Sergio Guimaraes, coordinador del Instituto Centro de Vida, especializado en estudios de sustentabilidad ambiental.
«Nos dicen que tenemos que preservar los árboles, que son nuestro sustento. Entonces llegan los madereros, invaden nuestras tierras, las destruyen y ganan mucho, son demasiado poderosos», explicó recientemente a AFP Manoel Carvalho de Paola, en una pequeña comunidad aislada en pleno corazón de la Amazonia, junto al río Aripoana, protegida para preservarla de los madereros.
La Amazonía estaba constituida por cinco millones de km2 de selva, 15% de los cuales fueron deforestados en los últimos 30 años. Allí viven 22 millones de personas.
«Los bosques tropicales sólo pararán de ser deforestados si tienen un valor económico; podemos reprimir, pero las personas necesitan alternativas económicas» que tornen la preservación de la selva más valiosa que su devastación, señaló a AFP Adalberto Veríssimo, investigador del Imazon, instituto de investigación para el desarrollo sustentable de la Amazonia.
Brasil busca una compensación económica a la lucha contra la deforestación, y eso puede ser decidido en la Convención de la ONU sobre Cambio Climático, cuyos 190 países en parte se reunirán la próxima semana en Poznan (Polonia).
Sin esperar la definición de la ONU, el presidente Luiz Inacio Lula da Silva lanzó en agosto el Fondo Amazonia, destinado a captar donaciones internacionales contra la deforestación y que ya recibió un primer compromiso del gobierno de Noruega por 1.000 millones de dólares.
«Hay razones pragmáticas» para que la convención de la ONU preste atención al tema, toda vez que «los bosques tropicales almacenan cantidades astronómicas de carbono, y si entran en colapso sería una catástrofe para el clima en el planeta», concluye el investigador del Imazon.
Se estima que el 20% de las emisiones mundiales de gases con efecto invernadero son consecuencia de la deforestación, y también que Brasil es el cuarto mayor emisor mundial.
Los ambientalistas advierten sin embargo que financiar la lucha contra la deforestación no puede convertirse en un medio «barato» para que los grandes contaminadores industriales del planeta dejen de restringir sus emisiones.
Y Brasil también tendrá que vencer su rechazo a adoptar metas cuantificadas de deforestación, dijo a AFP el director de campañas de Greenpeace, Sergio Leitao. «Mientras Brasil no asuma un compromiso de ese tipo, no se propiciará un ambiente que favorezca las inversiones en la protección de su selva».