Si le preguntamos a la población, todos dirán que la educación es la clave del desarrollo del país y que en un buen sistema para formar a nuestra gente encontraremos la senda. De hecho, al margen de cualquier otro tipo de inversiones que puedan hacer los países, sólo aquellos que tienen a su gente preparada están en capacidad de mejorar de manera sensible el nivel de vida de su población porque la educación es la herramienta no sólo para vivir mejor, sino para disminuir el desequilibrio planteado por la brecha social.
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Desde hace años, pero sobre todo a partir de los acuerdos de paz que indudablemente abordaron temas puntuales para propiciar una saludable transformación de Guatemala, se viene hablando de la reforma educativa y sin embargo los sucesivos gobiernos han fracasado en su implementación por variadas razones. Unos gobiernos simplemente no tuvieron entre sus prioridades ese tema y otros pretendiendo aprovechar el momento para imponer una reforma marcada por su sesgo ideológico, como puede ser el caso de las actuales autoridades.
En plena campaña electoral, sin embargo, es momento para que los partidos y los candidatos hagan planteamientos claros sobre lo que será su política en materia de educación, a efecto de que no nos vengan luego con sorpresas producto de ideas sacadas de la manga que tienen, entre otras cosas, la finalidad de trasladar dinero del Ministerio de Educación ya no digamos a obras como el aeropuerto, sino que más puntualmente a fundaciones del sector privado que se benefician recibiendo enormes sumas dentro de los programas impulsados por ese ministerio y que luego administran y ejecutan a sabor y antojo sin rendirle cuentas a nadie.
Existe un grupo de «técnicos» que vienen mangoneando el sistema educativo desde hace tiempo y que refugiados en asociaciones que operan como tanques de pensamiento han venido influyendo prácticamente en todos los gobiernos para promover su peculiar modelo de reforma educativa. Se trata de personas que, más que educadores, son individuos que abrazaron una ideología y que la sirven con diligencia para propiciar la privatización del sistema por su convicción de que es preciso seguir reduciendo al Estado a su mínima expresión, no obstante las evidencias locales e internacionales del perjuicio que para la sociedad significa ese debilitamiento de las instituciones llamadas a cumplir con funciones eminentemente sociales.
Creo que los guatemaltecos tenemos que demandar de los partidos políticos que nos digan con detalle qué tipo de reforma educativa se proponen. Ello permitiría generar un mandato claro, de manera que si de esa forma obtuviera el triunfo alguien que pregona el traslado de prácticamente todas las atribuciones del Estado a las fundaciones del sector privado que manejan los coeducas, no tendríamos más remedio que aceptar el veredicto popular. Pero lo que no se vale es el engaño y eso es lo que ha prevalecido hasta la fecha. Creo, personalmente, que urge validar los términos de los acuerdos de paz en materia de educación, pero ello es una idea muy particular y propia.
Lo que no se vale, indudablemente, es esa tendencia a imponer sin negociar, a usar el poder para dar el manotazo a favor de una cuestionada tendencia ideológica que está siendo debatida en prácticamente todos los países que la abrazaron en mayor o menor medida como parte del ajuste estructural, para ver al final que el resultado es un aumento de la pobreza.