Según la experiencia de paí­ses en América Latina que han implementado programas de Cohesión Social, como las transferencias condicionadas, las mismas son efectivas y garantizan poca manipulación polí­tica si existe un control social, estatal y de instituciones públicas autónomas como el Ministerio Público.

A criterio de Sergio Fausto, de Plataforma Democrática Brasil, que estuvo en el paí­s para participar en un conversatorio organizado por la Fundación Friedrich Ebert y la Universidad Rafael Landí­var (URL), las transferencias condicionadas, uno de los programas más cuestionados en Guatemala, que implementa el Consejo de Cohesión Social, son necesarias debido a la realidad de pobreza y desigualdad social que tiene el paí­s.

Fausto adujo que existen varios aspectos capaces de garantizar la efectividad y transparencia de los programas, tal como se logró en Brasil. De acuerdo con la experiencia suramericana, la articulación para el control local con la participación de varios actores polí­ticos, el establecimiento de un sistema periódico de evaluación y la participación activa de un Ministerio Público autónomo, inciden en la transparencia de los programas.

POLARIZACIí“N

En Guatemala se ha señalado constantemente la poca transparencia y poca facilidad de fiscalización de las transferencias condicionadas. Uno de los puntos álgidos de la discusión es el de los datos de quiénes se benefician, ya que la Corte de Constitucionalidad, en una opinión consultiva solicitada por el presidente de la República, ílvaro Colom, concluyó que se pueden publicar datos como el número de cédula de vecindad y otros muy personales, siempre que el afectado esté de acuerdo.

A criterio de Fausto, el programa de Cohesión Social surgió en un proceso de polarización polí­tica muy marcado, a diferencia del contexto en que se creó en Brasil, donde habí­a un consenso sobre su creación entre las diversas fuerzas polí­ticas.

No obstante, legitimó las crí­ticas y cuestionamientos como una de las caracterí­sticas de la «polí­tica democrática».

«Se debe caminar con la discusión y no herir de muerte al programa», afirmó el experto, que consideró esa dinámica de inversión social, como «una herramienta de impacto a corto plazo con el menor gasto».

CLIENTELISMO

Las objeciones en contra de Cohesión Social se han enfocado al uso clientelar de sus programas, es decir, que la entrega de transferencias condicionadas u otros beneficios a la población pobre, sea un mecanismo para asegurar una base social con miras a una contienda electoral cercana.

No obstante, Fausto adujo que en las experiencias latinoamericanas tal medida no se ha traducido «automáticamente» en la obtención de votos. «No se puede demostrar la correlación entre el beneficio recibido y el voto», apuntó.