Representantes de la marcha campesina popular se pronunciaron ante los sucesos protagonizados por los pobladores de San Rafael Las Flores, Santa Rosa y Santa María Xalapán, Jalapa, en donde resultaron heridos seis comunitarios el pasado sábado 27 de abril, en horas de la noche.

La marcha campesina expresó su repudio ante la “represión” que el gobierno de Otto Pérez Molina está programado a cabo contra la población, asimismo se solidarizaron con las víctimas que luchan contra el proyecto minero en la defensa de sus tierras y territorio.

Daniel Pascual, del Comité Unidad Campesina (CUC), aclaró a los presentes que el Parlamento Xinca no está involucrado en las acciones de ese sábado por lo que pidió que el Ministerio Público  investigue qué fue lo que realmente pasó.

El activista también indicó que la Policía detuvo anteriormente a comunitarios sin fundamento alguno, cosa que quedó demostrada ya que pudieron conseguir su libertad. Actualmente se sabe de un policía murió en uno de los cuatro enfrentamientos que dio inicio a finales de año pasado.

ESTADO DE EXCEPCIÓN
Acerca del estado de Excepción que podría imponer el Presidente a la región, el colectivo dijo que esto no es posible sin que se socialice la propuesta. Para Pascual la única salida a este conflicto por medio de políticas que protejan y garanticen la protección de los pobladores y sus territorios.

El activista hizo un llamado al gobierno a que cese la violencia en contra de los habitantes y pidió el retiro inmediato de la mina, que aseguran afectará a la tierra y enfermará a los pobladores, como ha pasado en otros proyectos mineros en Perú y Brasil. 

ESTUDIOS IGNORADOS
Acerca de los estudios que el colectivo ha realizado sobre el impacto ambiental del megaproyecto, aseguran que fueron presentados informes sobre la futura situación del territorio donde se construye la mina, al Ministerio de Energía y Minas, pero que no fueron tomados en cuenta.

Según información proporcionada se han realizado ocho consultas populares y todas han dado como resultado el rechazo de la población por la instauración de la nueva planta que servirá a la mina de San Rafael Las Flores, aun así ayer se firmó el convenio que permitirá a la mina explotar alrededor de 280 hectáreas en busca de oro y otros minerales.

Pascual dijo también que la presencia policial en Santa Rosa es una pantalla ya que se sabe que llegaron a la comunidad para combatir los índices de criminalidad, pero  se les ha visto guardar los alrededores de la mina.

ANTECEDENTES
Fue el 3 de abril, según Andrés Dávila, encargado de Comunicación de la mina aludida, quien dijo que el proyecto se encuentra actualmente en fase de construcción, al finalizar esta etapa la mina empezara con su contrato de 25 años de explotación mineral.

VERSIONES
Hasta el momento se manejan dos versiones. La del gobierno es que los seis líderes que se oponen al proyecto minero ingresaron a la mina a la fuerza y fueron repelidos por los agentes de seguridad privada del lugar, con armamento no letal, según declaraciones del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.

La otra versión, la de los campesinos en resistencia, un grupo de seguridad, de quien no se sabe su origen, atacaron a los líderes en la calle. Ambas partes esperan que el Ministerio Público esclarezca la situación.