Bolivia: gobierno defiende a poderoso ministro acusado de contrabando.
El gobierno de Bolivia salió al paso de las denuncias contra el poderoso ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sindicado de estar involucrado en un caso de contrabando, y calificó la acusación de «ataque mediático» contra el hombre fuerte del gabinete de Evo Morales.
El ministro de Defensa, Walker San Miguel, afirmó que Quintana ha sido objeto «de un permanente ataque mediático y también político» que remató con la denuncia del ex presidente de la Aduana, general César López, que lo involucró en un caso de contrabando denunciado en julio pasado en la región de Pando.
Según dijo el general López ante una comisión parlamentaria el jueves, comerciantes detenidos en julio pasado con mercancía de contrabando que transportaban en 33 camiones señalaron que tenían «la autorización del ministro Quintana».
El ministro San Miguel dijo que esa denuncia forma parte de una estrategia de la oposición contra varios ministros, incluido él, que estaría orientada a lograr la liberación del prefecto opositor de esa región, Leopoldo Fernández, recluido en una cárcel de La Paz.
Fernández está acusado de la muerte de al menos 20 campesinos en medio de la violencia política del pasado mes de septiembre, acción que una comisión de Unasur calificó de masacre y crimen de lesa humanidad.
A juicio de San Miguel, al impulsar este tipo de proceso tratan de colocar a Fernández en el mismo caso, lo cual lo libraría de enfrentar la justicia ordinaria, explicó, según la estatal agencia de noticias ABI.
Por su parte, el ministro acusado, Juan Ramón Quintana, rechazó la denuncia y dijo que «este penoso episodio, esta lamentable acusación, no tiene asidero alguno».
«Cuantos más episodios de esta naturaleza surjan contra el Gobierno o contra funcionarios que están luchando contra la corrupción, estos episodios nos fortalecen, nos revitalizan el compromiso y nos colocan en primera línea frente a estas actividades ilegales», precisó.
Anticipó que en los próximos días presentará los resultados de una auditoría realizada en la administración de la zona franca de Pando (de donde salieron los camiones en cuestión), «que fue creada para favorecer las actividades económicas y comerciales de la zona» pero que, a su juicio, se «convirtió en un santuario de los contrabandistas».
«La zona franca se convirtió en una chequera en blanco para el ex prefecto Leopoldo Fernández y sus amigotes», matizó.
El ex presidente de la aduana sindicó a Quintana pero igualmente al contraalmirante Rafael Bandeiras, recientemente posesionado prefecto de Pando, por cuya jurisdicción ingresó el contrabando, probablemente desde Brasil.
El presidente Evo Morales no se pronunció aún sobre esta denuncia, y según dirigentes de la oposición lo más oportuno sería la renuncia del ministro acusado o una separación temporal para que se defienda en la justicia.
«Si el ministro Juan Ramón Quintana no renuncia en las próximas horas es muy probable que pueda involucrar a todo el gobierno y puede involucrar incluso al presidente (Evo Morales)», sentenció el líder de la opositora Unidad Nacional (centro derecha), Samuel Doria Medina.
El senador opositor de Poder Democrático y Social, Roberto Yáñez, descartó que la denuncia contra Quintana tenga matices políticos y pidió al presidente no «tapar la corrupción».
Los 33 camiones fueron retenidos el 27 de julio pasado por militares en el departamento de Pando (norte, fronterizo con Brasil) pero el sábado 23 de agosto fueron recuperados por la fuerza por contrabandistas, que luego se dieron a la fuga con destino desconocido.