A una exempleada del Departamento de Vehículos de Motor de Nuevo México no le permitían hablar en español con los extranjeros que no hablaban inglés y buscaban renovar sus licencias de conducir y fue despedida tras quejarse de discriminación contra los inmigrantes latinos, según una demanda federal de derechos civiles presentada el jueves.
El Fondo Mexicano-Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF por sus iniciales en inglés) presentó la demanda en Santa Fe a nombre de Laura Montaño, de Albuquerque. La mujer de 39 años fue despedida «después de plantear objeciones a varias acciones, políticas y prácticas injustas, inapropiadas y discriminatorias», reza la demanda.
El despido viola la ley federal de protección de denunciantes, señaló MALDEF en la demanda. Funcionarios del Estado, sin embargo, dijeron el jueves que Montaño era una empleada con contrato temporal a la que dejaron marchar por su pobre desempeño.
Nuevo México es uno de los tres estados en el país donde un inmigrante sin autorización legal puede obtener una licencia de conducir porque no se requiere prueba de ciudadanía. Los otros dos son Washington y Utah, pero en este último los permisos no se pueden utilizar como tarjetas de identificación del gobierno.
La gobernadora Susana Martínez ha presionado a los legisladores en dos ocasiones para derogar la ley que permite obtener licencias del estado a aquellos que están en el país sin autorización legal. La gobernadora ha dicho que quería que los legisladores estatales reconsideraran la cuestión en la próxima sesión legislativa, que comienza la próxima semana.
La demanda del jueves llega en momentos en que los trabajadores estatales trabajan para cumplir una iniciativa del gobierno de Martínez para comprobar los requisitos de residencia de algunos inmigrantes con licencias de conducir de Nuevo México. Un juez del estado bloqueó el «Programa de Recertificación de Residencia de Extranjeros» en espera del resultado de otra demanda presentada por el MALDEF que cuestiona la constitucionalidad del programa.
De acuerdo con la demanda, se le ordenó a Montaño que no hablara en español con los extranjeros a los que se les instruía que tenían que proporcionar nuevos requisitos de comprobación de residencia con el fin de poder conservar sus licencias.