La persecución contra defensores de derechos humanos en la región centroamericana es un común denominador; sin embargo, en Guatemala y Nicaragua estas actividades han sido criminalizadas, por lo que desde el propio gobierno se ha generado un hostigamiento en su contra.
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De acuerdo con información de la Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, entre 2000 y 2008 se registraron 49 casos en los cuales el Ministerio Público (MP) inició procedimientos penales contra estas personas a quienes acusó de delitos que no cometieron.
El MP abre procedimientos penales contra defensores de manera irregular, es decir se les acusa de delitos que no cometieron, ya que en ocasiones no estuvieron en el lugar de los hechos», indicó Claudia Samayoa, representante de la institución.
La investigadora expresa que en Guatemala se da con mucha frecuencia la criminalización contra campesinos, quienes actúan en el marco de la defensa de su derecho al acceso de la tierra. Sin embargo, señala que el MP «en muchos casos ni termina la acusación, ni sobresee los hechos».
De los 49 casos recopilados por la institución, la mayoría se cometieron en 2005, los cuales estuvieron en el entorno del derecho a la manifestación, al desarrollo y a la consulta, según Samayoa.
En Quiché se cometió la mayoría de estos (16), los cuales están relacionados al liderazgo de personas específicas, «muchas veces acusan a personas que apoyan la organización campesina y que no estuvieron en el lugar de los hechos», adujo.
En la región
El estudio Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica, presentado recientemente en el país, detalla que en la región es común la persecución contra defensores de derechos humanos.
De acuerdo con la información «Guatemala se ha caracterizado por el incremento de la violencia contra defensoras de los derechos de las mujeres».
Marlin Sierra, del Centro Nicaragí¼ense en Derechos Humanos, denunció que desde el Ejecutivo estos grupos están siendo víctimas de violencia.
Hay nueve lideresas de organizaciones de mujeres que han sido acusadas ante el MP por delitos que no han cometido, entre ellos la asociación ilícita para delinquir, apología del delito; debido a su participación en la lucha por la despenalización del aborto terapéutico», refirió.
A criterio de Samayoa, el patrón de criminalización en Nicaragua es distinto, ya que se recurre «al viejo estilo de violación a los derechos humanos», donde la misma Presidencia de la República es el actor.
En cambio, en el caso de Guatemala, existe participación de miembros de instituciones del Estado, con la diferencia que éstos responden a poderes fácticos más locales. «Reciben la denuncia de un gerente o dueños de fincas. El actor estatal está respondiendo a intereses particulares y privados», aseveró.