Patricia Sánchez, abogada de 45 víctimas defraudadas en el caso de la estafa del Banco de la República, dijo a La Hora que el mencionado banco sí cuenta con bienes para resarcir a las personas afectadas.
palbani@lahora.com.gt
Al momento, se desconoce el monto de resarcimiento a los inversionistas, pues quedan varios bienes por ser embargados. Se espera que la próxima semana, cuando finalice el proceso de decomiso, un perito dicte la cifra exacta para resarcir a los afectados.
Los bienes del Banco de la República fueron embargados a favor de las víctimas, las mismas que son querellantes del caso, indicó Sánchez, quien rectificó la cifra de defraudación a 50 millones 809 mil 107 quetzales.
En el caso se señala a Luis Alfredo Aguilar Aguirre, Manuel José Saravia Toledo, Julio Enrique Antonio Weissenberg Pieruccini, Edgar Santiago Figueroa Martínez, Juan Fernando de León Amezquita, Gonzalo Giovanni Vásquez Pérez, Luis Fernando García Cáceres, Luis Alfonso de Jesús Méndez y Edgar Aníbal Recinos Alarcón, entre otros.
Ayer por la mañana, el Juzgado Cuarto del Ramo Penal ligó a proceso al gerente del desaparecido Banco de la República, Edgar Aníbal Recinos Alarcón.
FALLECIMIENTOS
De acuerdo a la abogada encargada del caso, cinco personas han muerto desde que salió a luz la defraudación, todos contaban con síntomas de depresión, mientras que algunos perecieron de infartos masivos al corazón. La noticia “contribuyó a acelerar la muerte de estas personas… No soportaron la noticia”, contó.
Los dictámenes psicológicos de las personas afectadas fueron realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif), los cuales dieron un resultado positivo.
A su vez, Sánchez explicó que lo perdido eran los ahorros de “toda una vida”. Algunos de los fallecidos eran familiares de las víctimas por estafa. La letrada representa al 99 por ciento de los inversionistas en este caso.
ANTECEDENTES
Según las investigaciones efectuadas por el Ministerio Público (MP), el Banco ofrecía a sus clientes la entrega de un inmueble como pago a sus inversiones, pero dicho ofrecimiento no se ejecutó.
Los presuntos responsables del hecho habrían ocultado las transacciones mediante la conformación de cuatro empresas en las que liquidaban los activos del banco.
A principios de junio, la Fiscalía del Ministerio Público habría logrado inmovilizar 256 fincas vinculadas a los acusados. Asimismo, el MP cuenta para este caso con el testimonio de 40 víctimas, además de 20 mil documentos, como medios de prueba.